Gámir se mostró en todo momento sensible con el impacto social de las medidas que se está plateado el Ministerio de Industria, pero señaló que "se trata de medidas que vienen impuestas por la Unión Europea y que se pueden negociar con ella".

El responsable del órgano consultor del Gobierno para las privatizaciones señaló que las ventas de participaciones estatales en empresas pueden servir, al margen de los recursos contemplados en los presupuestos para 1997, para paliar problemas como el que plantea la reordenación del sector del carbón ligada a la reforma del sistema eléctrico español.

En cualquier caso, se mostró partidario de que dichos recursos se destinen al fomento de la actividad empresarial y la formación antes que a la constitución de otras empresas industriales públicas diferentes de las carboneras ahora amenazadas.