El Consejo de Gobierno ratificó su decisión de impugnar la amnistía en una reunión extraordinaria. Según Buruaga, la ley es un “misil en la línea de flotación de la democracia y un grave ataque al modelo de convivencia”, lo que obliga a su Ejecutivo a presentar este recurso “por una cuestión de decencia democrática”.

El texto argumenta la inconstitucionalidad de la ley de amnistía por vulnerar los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre los españoles, y se suma al que también ha presentado el Parlamento de Cantabria contra la misma norma.

En concreto, el Gobierno de Cantabria plantea que la ley de amnistía vulnera el principio de separación de poderes, al atribuir al legislativo una función, la de otorgar amnistías, que expresamente no le reconoce la constitución y que es cualitativamente distinta de dictar leyes, tal y como se ha considerado históricamente.

Además, considera que no tiene en cuenta la división de poderes al invadir la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado, que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales, vulnerando el artículo 117 de la Constitución. “De hecho, se prohíbe al juez, que esté investigando hechos delictivos realizados en el contexto del proceso independentista, que continúe con la investigación y, además, se pone en libertad al preso y se levantan todas las medidas cautelares que haya adoptado. En caso de que ya se haya dictado sentencia, ésta se deja sin efecto”, argumenta.

El Ejecutivo autonómico también apela a la vulneración del principio de igualdad, que se proclama en los artículos 14 y 139 de la Constitución, ya que recoge un trato diferenciado para los que han cometido delitos en el marco del proceso independentista respecto a los que los han cometido al margen del proceso de secesión, y lo justifica en motivos exclusivamente ideológicos.

Relacionado con ello, el Gobierno cántabro también ve una vulneración del principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, ya que, según la ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, si el hecho delictivo se ha cometido con el propósito de promover, reivindicar o procurar la secesión de Cataluña o ha contribuido a esos objetivos, se puede otorgar la amnistía, lo que hace que la ley sea arbitraria y genera distorsiones en el principio de igualdad.