Mediavilla destacó la importancia de este convenio, que, aunque "en ocasiones se consideran temas menores", soluciona "el problema de determinados empleados públicos que trabajan lejos de donde residen sus familias". Por el acuerdo, se reserva un 5% de las plazas convocadas por concursos de traslados al cumplimiento de este objetivo.

El acuerdo afecta a 29 categorías laborales entre las que se encuentran técnicos de artes gráficas, práctico de conservación, analista de laboratorio, ayudante de oficios, subalterno, telefonista, empleado de servicios y práctico especializado forestal, entre otras especialidades.

Igualmente, en virtud del mismo, se facilitará de forma preferencial la movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género, que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, con el objeto de hacer efectiva su protección y su derecho a la asistencia social integral, sin que sea necesario en este caso la participación en un concurso de traslados.

La vigencia del acuerdo entre ambas administraciones será inicialmente de dos años, pudiendo prorrogarse automáticamente, según informaron ambas administraciones.

Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sonia Lozano, afirmó que el acuerdo es "un ejemplo más de la colaboración y cooperación entre administraciones para llevar a cabo actuaciones conjuntas que aumentan la eficacia de las diferentes organizaciones y mejora las propias condiciones de trabajo de sus empleados".