En primer lugar, se incluirá, como nuevo criterio de valoración para la adjudicación de los contratos de obras y servicios públicos, el compromiso del contratista o adjudicatario de cesión de los derechos de cobro a favor de los subcontratistas-suministradores.

De este modo, al ceder este derecho de cobro, las empresas subcontratadas podrán cobrar sus trabajos directamente y sin intermediarios, de igual modo que lo hace el adjudicatario directo de la obra.

Además, se abre a los subcontratistas la posibilidad de recurrir a la toma de razón para agilizar el cobro, a través de la cesión de crédito a las entidades financieras.

Así, además de criterios como el precio de la obra, el plazo de ejecución o la oferta técnica, el Gobierno de Cantabria también valorará para la adjudicación de los contratos que el adjudicatario se comprometa a ceder ese derecho de cobro a favor del subcontratista.

Como segunda medida, el Gobierno regional dejará de exigir a los licitadores la constitución de las garantías provisionales, una posibilidad prevista en el artículo 91 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De este modo, la Administración dejará de obligar a que se deposite una fianza previa en las obras y suministros que se contraten, con el objeto de favorecer la liquidez de las empresas cántabras, ya que se trata, en determinadas situaciones, de una cantidad económica importante, representada comúnmente en un aval bancario, que alcanza el 3% del precio de licitación de la obra.

Este nuevo plan para generar liquidez en el sector empresarial cántabro lo aprobará mañana el Consejo de Gobierno cántabro.