El informe, cuyo contenido publicó el diario "ABC" en su edición de ayer, concluye que "no se ha constatado en la sede regional de Baleares la existencia de una financiación distinta de la prevista en la Ley".

El informe de fiscalización fue realizado a petición de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicha comisión solicitó el análisis de la contabilida del PP balear entre los años 1989 y 1992 para confirmar si realmente hubo algún tipo de financiación irregular relacionada con el "caso túnel de Sóller", tal y como sospecha Izquierda Unida.

Gabriel Cañellas declaró hoy en rueda de prensa sentirse "muy satisfecho" con las conclusiones del informe" y destacó el hecho de que "el Tribunal de Cuentas no haya detectado ningún tipo de irregularidad".

Sin embargo, el informe del Tribunal también señala que no se ha dispuesto del Libro de Diario, ni deldetalle de los movimientos de cuentas de 1989, debido a que ya ha transcurrido el tiempo estipulado para la conservación de la documentación contable previsto en el Código de Comercio.

En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida en Baleares, Eberhard Grosske, lamentó ante los medios de comunicación "la recalcitrante resistencia del PP balear a facilitar la labor de la justicia" y acusó a la formación conservadora de "ocultar la documentación necesaria para esclarecer el 'caso túnel de Sller'".