En el banquillo de los acusados se sentarán, además del candidato de EH, los presuntos miembros de ETA Miguel Azurmendi Peñagaricano, alias "Ankas", y María Teresa Pedrosa Barrenechea.

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina considera probado que los tres acusados vigilaron durante varias semanas a los concejales del PP en elAyuntamiento de Sevilla, que solían reunirse en el "Bar Antigüedades", ubicado en la calle Argote de Molina.

Asimismo, continúa el escrito de calificaciones provisionales del fiscal, los tres acusados decidieron atentar contra la vida de Alberto Jiménez Becerril Barrio, teniente de alcade y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, después de que "Ankas" lo identificara en una de las sesiones de vigilancia.

Así, a las 1,15 horas del sábado 30 de enero de 1998, el hoy candidato de EH y "Ankas decidieron seguir al concejal y a su esposa, una vez que éstos salieron del "Bar Antigüedades". Cuando estuvieron lo suficientemente cerca y sin compañía, Azurmendi disparó en la cabeza al edil, siempre según el escrito del fiscal.

Acto seguido, el candidato de EH disparó en la nuca a la esposa del concejal, cuando ésta "intentaba asistir a su marido, que yacía en el suelo, incliándose sobre él y reclamando auxilio a gritos. Los disparos produjeron la muerte fulminante de ambos", señala el fiscal.

El fiscal pide para cada uno de ellos 50 años de prisión por dos delitos de atentado terrorista causante de muerte. Asimismo, pide que paguen una indemnización de 100 millones de pesetas a los tres hijos del matrimonio asesinado.

SUSPENSION DEL JUICIO

Es posible que la vista de mañana, prevista para las 10,30 horas, se suspenda si José Luis Barrios Martín resulta hoy elegido parlamentario autónomico de Navarra. En este caso, la Audiencia Nacional no podría juzgarlo, ya que adquiriría condición de forado, lo que elimina la competencia de este tribunal para continuar con el caso.

La Audiencia Nacional tendría que elevar entonces el caso al Tribunal Supremo, ya que el fuero de los parlamentarios vascos, recogido en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía del País Vaso, sostiene que el diputado infractor que cometa el delito fuera del Euskadi deberá ser juzgado por el Alto Tribunal.

Esta no sería la primera vez que un caso de la Audiencia Nacional tiene que ser traspasado al Tribunal Supremoal convertirse en parlamentarios presuntos etarra con causas pendientes con la justicia.

El más reciente afectó al "caso Sokoa", en el que el ex dirigente de ETA y diputado de Euskal Herritarrok (EH) José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias "Josu Ternera", está acusado de pertenencia a banda armada, tenencia ilítica de armas, depósito de explosivos y dos delitos de conspiración para el asesinato.

Cuando "Josu Ternera" fue elegido diputado autonómico de EH, la Audiencia Nacional, basándose en l Estatuto de Autonomía del País Vasco, decidió elevar la causa al Supremo, para que éste juzgara al ex dirigente de ETA por el "caso Sokoa".