Méndez, que clasuró unas jornadas organizadas por el sindicato sobre pactos territoriales de empleo, sugirió que el Ejecutivo podría elaborar un reglamento que anulase lo dispuesto por el decreto ley, que fue aprobado ayer por el Congreso de los Diputados.

Posteriormente, explicó a los periodistas que el mecanismo que se podría seguir sería el de un reglamento que diese la última palabra a los facultativos sobre el alta, por lo que las mutuas sólo tendrían la posibilidad de hacer propuestas. De lo contrario, dudo dela constitucionalidad de esta medida.

UGT y CCOO han enviado una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la que le hacen una demanda en este sentido, ya que lo contrario sería como "torpedear el diálogo social", según palabras del líder ugetista.

Esta cuestión será analizada el próximo lunes, en una reunión de seguimiento del pacto de pensiones alcanzado la pasada legislatura en la que participarán el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal.

En cualquier caso, estió que el desarrollo del diálogo social será "muy complicado". El Ejecutivo, opr su parte, no contribuye a facilitar las cosas con el paquete de medidas liberalizadoras aprobadas, que supone "poner un palo en la rueda" de la negociación.

Méndez añadió que, si las mutuas se arrogan con la facultad de decidir sobre las altas se produciría una ruptura en la unidad del sistema de salud y de Seguridad Social, lo que llevaría aparejada "una intención privatizadora" por parte del Gobierno.

A su juicio, eta medida y la aprobación de la flexibilidad en los horarios comerciales tienen un carácter "antisocial". En el caso de la segunda de ellas, previó una concentración de la oferta que provocará a largo plazo una apreciable subida en el precio de los alimentos, así como la pérdida de 65.000 puestos de trabajo por el cierre de pequeños comercios.

Cándido Méndez juzgó como "regresivas" las medidas fiscales aprobadas, que reducen la tributación de las plusvalías y del Impuesto sobre Sociedades. Además, dud de que el paquete liberalizador del Gobierno tenda efecto sobre un incremento de la competencia, por lo que persistirán los oligopolios.