En respuesta a una pregunta parlamentaria, el máximo responsable del departamento autonómico aclaró que la Comunidad autónoma es todavía la propietaria de los 447.000 metros cuadrados de finca propuestos por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios para la ejecución del centro, terreno por el cual se ha iniciado el trámite de enajenación onerosa.

"La Comunidad Autónoma", explicó Berriel, "ni ha cedido ni vendido el terreno objeto de obra, que se trata de una parcela inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad autónoma de Canarias".

El máximo representante del departamento autonómico también anunció que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha abierto una investigación para determinar si dicha obra tiene los títulos habilitantes que legitiman, al menos desde el punto de vista urbanístico, la ejecución que se está llevando a cabo.

En la actualidad, el ente público de naturaleza consorcial ha solicitado a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios los citados títulos.

Berriel insistió así mismo en que "el Gobierno de Canarias está siempre dispuesto a cooperar con la administración general del Estado o con cualquier otra administración, para posibilitar la ejecución de cuantas infraestructuras o equipamientos sean necesarios para el interés general, siempre que se dé el adecuado acuerdo entre las distintas administraciones implicadas y la necesaria audiencia y garantías de los derechos de los vecinos afectados".