Según informó hoy en portada el rotativo canario "Diario de Avisos", el Ejecutivo autónomo ha eliminado las ayudas que venía concediendo a los centros especiales para la integración laboral de personas con discapacidad.

Esta medida, que si no se modifica será recurrida ante los tribunales por el Cabildo de Tenerife, afecta a una quincena de centros de estas características ubicados en el archiiélago, que queda perjudicado con el resto de territorio español, en el que sí se aplican estas subvenciones.

El diario canario señala que mediante un decreto publicado en julio pasado, la consejería que preside Víctor Díaz, de Coalición Canaria, modificó un decreto anterior y suprimió casi 50 artículos, entre los que se encontraban programas destinados específicamente a la integración laboral de los discapacitados.

Concretamente, la supresión de estas ayudas está implícita en el decreto 136/1997 de 11 de julio, que modifica parcialmente el 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y la economía social.

La modificación que se introduce es la supresión de los artículos 10 a 66, ambos inclusive, del Título I "programas para el fomento y mantenimiento del empleo" del segundo decreto citado, que además de anular estas subvenciones -artículo 60 al 66, comprendido en la capítulo VI- hace desaparecer otras disposiciones.

De hecho,de los presupuestos de la consejería destinados a estos objetivos se han suprimido este año más de 23 millones de pesetas. El Gobierno de Canarias destinaba las subvenciones ahora suprimidas tanto a Centros Especiales de Empleo, como a trabajadores minusválidos que se constituyen en autónomos.

Los principales afectados por la medida son los llamados centros especiales de empleo -como la Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido (SINPROMI), dependiente del Cabildo de Tenerife-, cuyo personal, unque no de forma exclusiva, está integrado por personas con diferentes minusvalías.

El vicepresidente de SIMPROMI, José Manuel Bermúdez, ha advertido al consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Víctor Díaz, que interpondrá recurso contencioso-administrativo contra la dereogación de los programas, si no rectifica el contenido del citado decreto.