“Un modelo propuesto y elaborado por el Gobierno de Canarias que Euskadi ve favorablemente y comparte”, recoge la propuesta pactada por Fernando Clavijo e Imanol Pradales. Esta medida extraordinaria de distribución de menores migrantes se aplicaría con “la figura jurídica oportuna” y “en un plazo no superior a tres meses”.

Posteriormente, se abrirá en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia un debate “más sosegado” sobre los coeficientes que se tendrán que aplicar en el futuro para “asegurar la equidad al asignar responsabilidades según factores objetivos”.

El objetivo sería que cada territorio “asuma la carga proporcional a sus capacidades económicas, sociales y humanas que posibilite la correcta prestación y cumplimiento de las obligaciones que le corresponde, para garantizar el interés superior de los menores extranjeros no acompañados que han entrado a través de Canarias y Ceuta”. Y siempre con “transparencia y previsibilidad, estableciendo un marco claro que facilite la planificación y gestión de recursos”.

Asimismo, Canarias y País Vasco proponen “reforzar la cooperación” con los países de origen, “explorando las posibilidades” la ley para que los menores “puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen” y “promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular”.

Por último, abogan por “establecer mecanismos” para el intercambio de información, experiencias, proyectos piloto en curso, y buenas prácticas relativas a la formación en las capacidades necesarias para el acceso al empleo en origen, así como en destino, de tal forma que el impacto positivo alcance aquellas personas en los países de origen como en nuestras propias comunidades.

Con esta propuesta, Clavijo busca desbloquear la situación del archipiélago, cuyos centros de acogida llevan meses desbordados. Solo en el último de noviembre, llegaron 1.105 menores no acompañados más a las islas, elevando la cifra en lo que va de año hasta los 5.727, según datos del Gobierno insular a los que accedió Servimedia.