Esta materia está establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El proyecto de decreto se fundamenta en la necesidad de desarrollar reglamentariamente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo relativo a la regulación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas.

Conforme a las previsiones contenidas en los artículos 27 y 28 de la ley, serán las comunidades autónomas las administraciones encargadas de proceder a la valoración y posterior reconocimiento de la situación de dependencia.