Antonio Canales ha declarado que fue esposado y maltratado por las autoridades norteamericanas, quienes le retuvieron y no le permitieron ponerse en contacto ni con su familia ni con el Consulado de España en Nueva York.

Todo ello, según señala la Embajada de España en Washington en su escrito, supone "ua grave violación no sólo del Derecho internacional y de los tratados suscritos por Estados Unidos, sino una actuación desproporcionada de los agentes que se ocuparon" de la detención y custodia del bailarín.

La legación española pide al Departamento de Estado norteamericano que se abra una investigación oficial sobre lo sucedido y se le informe del resultado de la misma, al tiempo que reitera que, frecuentemente, no se cumple la normativa de comunicar las detenciones por parte del Gobierno Federal y e las autoridades estatales y locales a nuestros consulados y embajadas.

La Embajada española se ha dirigido también al comisario de Inmigración y Naturalización para solicitarle la apertura de una investigación sobre este incidente.