Campuzano, antes de participar en el curso 'Necesidades, oportunidades y carencias de la información social. El compromiso social de la información', que la agencia de noticias Servimedia organiza dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense, señaló que "pueden existir tantos modelos de política de dependencia como comunidades aútonomas hay en España".

En este sentido, el diputado de CIU, que es también portavoz de su grupo en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, subrayó que "la Constitución y el Estatuto reconocen que, en servicios sociales, las competentes son las comunidades autónomas".

"Esto para nosotros implica que el Estado no puede fijar un régimen de sanciones e infracciones, establecer un catálogo de servicios o atribuir al Estado el desarrollo reglamentario de ese catálogo de servicios", aseveró Campuzano.

En cuanto a la financiación, Campuzano censuró que la Ley sólo garanticé la suficiencia financiera hasta el año 2015, y dijo que, a partir de ese año, el futuro presupuestario "es una incógnita".

"Nosotros, cuando decimos que no se garantiza la suficiencia financiera, es porque a partir del año 2015 no hay ninguna garantía de que el Estado continúe dando dinero", añadió Campuzano.

Apuntó que la memoria económica que acompaña a la ley es "muy frívola", porque, a su juicio, no tiene en cuenta "cuestiones como pueden ser el incremento del IPC o la previsión de que sean más las personas que terminen reclamando las prestaciones que el Estado contempla".