La UPA resaltó en un comunicado la importancia de esta decisión "por ser la primera vez que se produce y por su carácter de condena política", si bien lamentó la lentitud seguida en este procedimiento, que ha tardado más de dos años en resolverse tras los incidentes ocurridos en 1995.

Por otra parte, reiteró la necesidad de facultar a la Comisión Europea para que pueda acuar de forma urgente contra los estados que incumplan el principio comunitario de garantizar el libre tránsito de productos.

"Si la Comisión Europea pudiera sancionar económicamente a cualquier estado miembro por el procedimiento de urgencia, los gobiernos se tomarían más en serio la obligación de cumplir estrictamente los principios del tratado", indicó la UPA.