Esta normativa, que incorpora al ordenamiento españoluna directiva comunitaria, estará en vigor a partir del próximo mes de enero, por lo que las empresas sólo disponen de lo que queda de año para formar a los trabajadores y presentarles a los exámenes organizados por el Ministerio de Fomento para otorgar los certificados.

Un portavoz del Comité señaló a Servimedia que "queda muy poco tiempo para que se acrediten los títulos necesarios. Esperemos que dé tiempo". Aunque la directiva comunitaria es de junio de 1996, en España no se han determinado hasta e momento las funciones y tareas que deben desarrollar estos consejeros, ni el contenido de los exámenes.

En su opinión, los transportistas "aceptarán con resignación" esta medida, cuyo coste correrá a cargo de las empresas, por lo que apuntó que "deberá repercutir en el precio de estos servicios, porque por pequeño que sea, será un coste adicional. Ya veremos si el mercado lo permite o no".

Añadió que "todo lo que se haga en materia de seguridad siempre es bueno", aunque apuntó que "la solución qe nos hubiera parecido más razonable es que la obligación de disponer de un consejero de seguridad fuera de las empresas productoras o destinatarias de la mercancía peligrosa, no del transportista".

Resaltó que tanto este aspecto como el plazo dispuesto para implantar la norma venía fijado por la directiva de la Unión Europea (UE), por lo que el Gobierno "no tenía otra solución, y no hay más remedio que aguantarse".