En declaraciones a esta agencia, Ramón Górriz, secretario de Política Industrial de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, y Antonio Ruiz Ocaña, responsable de Automoción de la Federación del Metal de UGT, explicaron que el sector del automóvil es el más afectado por el desabastecimiento a causa de la huelga de trnsportistas.

Según sus estimaciones, actualmente están parados unos 100.000 trabajadores de las empresas fabricantes de vehículos, la industria de componentes de automoción y las empresas que dependen de esta última, de los que alrededor del 70% están afectados por expedientes de regulación de empleo.

Ruiz Ocaña explicó que el resto de los trabajadores han llegado a acuerdos con sus empresas y están utilizando otras fórmulas alternativas a la regulación de empleo, como descansos para recuperarlosposteriormente en sábados o la utilización de los días de libre disponibilidad.

No obstante, Ruiz Ocaña advirtió que si la huelga se alarga estas empresas también se verán obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo. A su juicio, urge mucho buscar una solución a este conflicto, porque "algunas empresas van aguantando un poco, pero si esto se alarga dos días más todas las empresas del sector de automoción estarán con regulaciones de empleo".

Según los cálculos de Górriz, los expedienes de regulación de empleo que actualmente hay en marcha en el sector suponen un coste para el Inem cercano a los 200 millones de pesetas diarias, cifra que Ruiz Ocaña sitúa entre 150 y 200 millones.

Górriz mostró su rechazo a que el sector recurra a los expedientes de regulación de empleo y responsabilizó de la situación de desabastecimiento que viven las empresas, no a la huelga de los transportistas, sino "al modelo de organización del 'justo a tiempo' que tienen todas las multinacionales, que haceque ante cualquier hecho, incluso también climático, como pasó hace poco con las nevadas, haya dificultades para que lleguen los suministros".

Para el responsable de CCOO, no está justificado recurrir a los expedientes de regulación de empleo en este caso, ya que "no es una causa de fuerza mayor, sino que es un problema derivado de la estructura de la gestión empresarial, que se podría evitar si los componentes se fabrican en este país, con lo que se crearía tejido industrial y empleo y los componente serían más baratos para las empresas".

"Lo que no puede ser es que empresas que tienen millones de beneficios acudan al Inem, cuando menos del 50% de los parados cobran prestaciones o cuando hay un 20% de paro y un 38% de temporalidad", agregó.