El presidente del comité, Juan Rodríguez, dijo en rueda de prensa que han decidido abrir "un paréntesis del que retomaremos uerzas", al tiempo que solicitó la apertura de negociaciones con la Administración.

Rodríguez, que cifró el seguimiento del paro en un 70 por ciento, admitió que su repercusión fue menor esta semana y culpó de ello a la represión policial y al escaso eco que tuvo en los medios de comunicación durante la primera semana.

Sus críticas más duras se dirigieron contra las fuerzas de seguridad, a las que acusó de vigilar las sedes de las organizaciones y los domicilios de sus dirigentes, así como de "pichar" sus teléfonos.

A su juicio, el Gobierno les ha aplicado la "Ley Corcuera" para limitar la acción de los piquetes informativos, detener a un total de 65 transportistas y "retener" a muchos más, con el argumento de que su actuación podía producir "pánico social".

Rodríguez insistió en defender las reivindicaciones de los huelguistas: jubilaciones anticipadas, reconocimiento de enfermedades profesionales, aumento de la inspección de vehículos, cumplimiento de las tarifas pactadas y equiparació del transporte ligero con el pesado.

Igualmente, dijo que la Administración les amenaza con cobrarles 500.000 pesetas por la autorización de transporte, ademas de pedirles para conseguirla un certificado de estar al día con Seguridad Social, Hacienda y con los pagos de la financiera del camión, si éste se encontrara en "leasing".