Esta propuesta es una de las nueve enmiendas presentadas por las cámaras a los distintos grupos parlamentarios, en relación al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para el Consejo, existen determinadas situaciones empresariales, como las quiebras o las suspensioes de pagos, en las que el proceso judicial se convierte en una carga adicional a los gastos que debe afrontar la empresa, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas.

Estas fuentes recuerdan que el artículo 119 de la Constitución garantiza la justicia gratuita "a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", sin distinguir entre personas físicas y jurídicas.

Por tanto, concluyen que hay que introducir en el proyecto de ley una nueva disposición, a fin de que la asistencia jrídica gratuita pueda beneficiar sin distinción a personas físicas y jurídicas.

Por otra parte, el Consejo ha presentado otra enmienda por la que se solicita que las corporaciones de derecho público sean reconocidas como entidades legalmente constituidas, para defender intereses económicos y profesionales colectivos.

Otra propuesta se refiere a la sanción (cuya cuantía oscilará entre las 25.000 y las 100.000 pesetas) para las empresas que no presenten en un plazo determinado la documentación requrida por el tribunal.

Las cámaras consideran que pueden existir causas justificadas que impidan el cumplimiento de esta obligación, por lo que deben contemplarse estas excepciones a la sanción o la posibilidad de solicitar al tribunal una ampliación del plazo.