Así consta en el informe "Propuestas a los partidos políticos", que tiene como objetivo mejorar la competitividad de la economía española y que fue presentado hoy en rueda de prensa por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro.

"La reducción de la imposición directa se debería completar con un descenso de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por parte de los empleadores, que se encuentran entre las más elevadas de la UE", argumentó Gómez-Navarro.

El informe de las Cámaras de Comercio también apuesta por la supresión del Impuesto de Patrimonio, una medida a la que ya se han comprometido los dos grandes partidos para la próxima legislatura.

"Es un impuesto que se planteó como coyuntural y no definitivo, pero que en los últimos veinte años nadie se ha atrevido a suprimir", señaló Gómez-Navarro, antes de afirmar que "no es verdad que lo paguen los ricos", sino que lo tributan fundamentalmente las clases medias.

En su proyecto de reforma fiscal, las Cámaras de Comercio piden también que "se articulen las medidas necesarias para la supresión en todas las comunidades autónomas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones",

Además, proponen alinear el Impuesto sobre Sociedades con el que existe "en los principales países de la Unión Europea", por lo que, según los órganos camerales, debería reducirse al entorno del 25%.

Por otro lado, el informe que han trasladado a los partidos políticos también propone una reforma laboral que reduzca los costes del despidos que consideran "muy caros y rígidos". "No estamos defendiendo al despido libre, pero, desde luego, hay que rebajar los costes", señaló Gómez-Navarro.

Por otro lado, las Cámaras de Comercio piden que se impulse un Pacto de Estado por la Energía, que "estimule el uso equilibrado de todas las fuentes energéticas disponibles, establezca un marco tarifario estable y ajustado a los costes reales de generación y contemple un plan de eficiencia y ahorro energético".

En relación con la energía nuclear, Gómez-Navarro advirtió de que "España no se puede permitir renunciar a ninguna fuente de energía", puesto que es "absolutamente básico garantizar el suminitro en cantidad, calidad y precio".