En su opinión, "hechos de esta naturaleza ocasionan profundas y duraderas consecuencias negativas en la situación económica, en las decisiones de inversión y, por consiguiente, en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo".

El pleno del Consejo Superior de Cámaras expresó su adhesiónlos llamamientos a la solidaridad con la familia del secuestrado que están realizando tanto los trabajadores de la empresa Alditrans S.A., propiedad de Aldaya, como diversos movimientos sociales vascos.