De acuerdo con esto, las Cámaras españolas esperan que en España se aproveche la tamitación del proyecto de Ley de Telecomunicaciones para flexibilizar las obligaciones que impone la actual Ley de Servicios de la Sociedad de Información y el Comercio Electrónico (LSSI) a las empresas que desarrollan parte, o todo, su negocio a través de la red.

Según informan hoy las Cámaras españolas, en nuestro país la LSSI regula en exceso las obligaciones de los prestadores de servicios en Internet e impone multas elevadas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Además, la ley obliga a las cmpañías que prestan servicios a través de la Red a cumplir con un elevado número de obligaciones administrativas y de información.

OBLIGACIONES

Entre las principales obligaciones que tienen estas empresas están: informar al público, de forma constante, de su nombre, denominación social, localización, datos de la actividad o profesión, correo electrónico, etcétera. Negarse a dar esta información implicaría sanciones hasta de 150.000 euros.

Además, según la actual Ley, las comunicaciones comerciaes tienen que ser claramente identificables como tales y deben incluir la palabra "publicidad" si se hacen por correo electrónico, así como indicar la persona, física o jurídica, en nombre de la cual se realizan.

Todas estas medidas, para la CCI, son un impedimento para el comercio y, por consiguiente, para el crecimiento económico. Por eso, con el fin de compaginar los principios de la CCI sobre Internet con la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente a los niños, este organismo interncional recomienda a los Gobiernos fomentar el uso de los mecanismos de autorregulación por parte de los internautas. Es decir, que cada usuario configure el 'software' de su ordenador de tal manera que filtre y clasifique los contenidos de la red.

Para la CCI, además, cualquier reglamentación sobre los contenidos de Internet debe ser clara, precisa y adaptada estrictamente a las circunstancias. Y la última de las recomendaciones es evitar los costes y cargas adicionales que pueden sufrir las empresas.La CCI cree que deben ser las autoridades competentes las que deben velar por el cumplimiento de la Ley y no las mismas empresas. Si no es así, para las Cámaras podría distorsionarse la competencia y coartar el desarrollo de Internet.