Según explicaron el subsecretario de Comercio, Angel Serrano, y el presidente del Consejo de Cámaras, Guillermo de la Dehesa, el proyecto, que está previsto comenzar a aplicar a principios de 1996, aumentará también las funciones de las 85 ámaras y 138 centros existentes en España.

El recorte de plantillas, que afectará a un total de 1.643 personas, irá incluido en un 'ajuste global mínimo' en gasto de recursos humanos y generales del 15%. En 1994, el coste de personal ascendió a 7.976 millones de pesetas.

En cuanto al presupuesto anual con que cuentan las Cámaras, se reducirá en cerca de 5.000 millones, al pasar de los 16.000 que recibieron en 1994 a cerca de 11.000 millones.

Según De la Dehesa, la reforma supondrá un esfuerz considerable para las Cámaras, ya que asumirán más funciones con menos personal, menos estructura y menos recursos. Según De la Dehesa esta situación podría provocar que varias Cámaras se vean obligadas a fusionarse o a aumentar las colaboraciones y servicios compartidos para afrontar esta nueva situación.

El presidente del Consejo Superior de Cámaras las cantidades con las que cuentan las Cámaras "son muy modestas, más si tenemos en cuenta que en Italia y Alemania tienen prespuestos de hasta los 200000 millones anuales".

DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD

Ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare inconstituticional la obligación de las empresas a pagar a las Cámaras de Comercio, Serrano aseguró que el Gobierno intentaría buscar otras formas de financiación, pero se mostró contrario a que estas instituciones sean financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, De la Dehesa y Serrano criticaron veladamente a la patronal CEOE por querer integrar a las ámaras de Comercio en las asociaciones empresariales.

De la Dehesa explicó que las Cámaras de Comercio integra a todas las empresas de España, mientras que las patronales son organizaciones privadas de asociación voluntaria.

El objetivo de la reforma cameral es modernizar el papel que juegan dichas organizaciones mediante un mayor contacto con las Administraciones Públicas.