Precisamente, fue el sistema de cuotas, que penalizaba a las grandes empresas al fijar los pagos en función de la facturación, el que provocó las demandas de inconstitucionalidad. Posteriormente, el Consejo en colaboración con el Ministerio de Comercio socialista, decidió introducir cierta flexibilidad en las tarifas, y ahora piensa continuar en la misma línea.

En un comunicado, el Consejo Superior de Cámaras anunció también que intensificará las acciones para mejorar su servicios y poner en marcha nuevas actividades para lograr mayor competitividad de las empresas, "y al mismo tiempo, lograr una mejor coordinación y cooperación con las organizaciones empresariales".

A juicio del Consejo, la sentencia del Tribunal Constitucional supone la consolidación del modelo de cámaras como corporaciones de derecho público, similares a las que existen en la mayoría de países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania, entre otros).