Así lopone de manifiesto en un estudio sobre la inflación, salarios y política de rentas difundido en su último Boletín de Coyuntura Económica, en el que asegura que una política de rentas que modere los salarios a través de la fijación de topes máximos no sirve para reducir la tasa de inflación y, además, crea problemas adicionales.

En opinión de los responsables de la Cámara, el establecimiento de topes salariales máximos logra contener la subida de los precios temporalmente, "pero muy pronto aparecen merados negros con precios y salarios más altos que dan lugar a una explosión de la inflación artificialmente contenida".

Otro de los inconvenientes de un acuerdo global sobre salarios, según esta institución, es que aumenta la rigidez del sistema económico, reduce su productividad y dificulta su capacidad de adaptación a un entorno económico cada vez más competitivo, ya que impide que las empresas ajusten sus estructuras salariales a las condiciones del mercado.

Para la Cámara, vincular las subidassalariales a la productividad real del factor trabajo en las empresas debe ser "una pieza esencial en la estrategia anti-inflacionista española". Insiste en que, en la actual coyuntura española, la moderación salarial juega un papel fundamental en la reducción de las tensiones inflacionistas.

POLITICA "MODERADAMENTE RESTRICTIVA"

Según los responsables de la Cámara, la inflación es un fenómeno monetario que exige el mantenimiento por parte del Banco de España de una política "moderadamente restrictiv" que sea capaz de mantener el tipo de cambio nominal de la peseta dentro de la banda de fluctuación en el Sistema Monetario Europeo y reducir el diferencial de precios español con el resto de los países comunitarios.

Para ello, aseguran que es preciso poner en marcha una polítca monetaria que reduzca las expectativas de inflación y frene las "excesivas reivindicaciones laborales" mediante una estrategia de moderación salarial.

A juicio de la Cámara de Comercio de Madrid, relajar la política monearia en estos momentos sólo sirve para "relanzar la inflación con efectos negativos, tanto sobre las principales magnitudes macroeconómicas como sobre el desarrollo económico del país".

Finalmente, insiste en que reducir la inflación española hasta la media existente en el Sistema Monetario Europeo es la mejor garantía de un crecimiento "sano, equilibrado y sostenido", por lo que debe ser el primer objetivo de la política económica en España de cara al mercado único de 1993.