En un estudio titulado "La Financiación de las Comunidades Autónomas", la Cámara señala que estos recargos han sido poco utilizados "debido a los costes políticos que conlleva", como ocurrió en el único caso en que intentó ponerse en práctica, por parte del Gobierno de Madrid.

La Cámara también propugna una mayor cesión de tributos estatales, por entender que "aumentaría las dosis de corresponsabilidad fiscal, al percibir de forma más directa el ciudadano, en forma de tributos que recuda la Comunidad, el coste de los servicios que ésta presta".

A su juicio, ninguno los dos sistemas de financiación de las comunidades, el del régimen común y el de Navarra y el País Vasco, ha impedido "la apertura de la brecha entre ingresos y gastos", lo que ha obligado a los gobiernos regionales a endeudarse excesivamente.

"Tampoco ha resuelto de manera satisfactoria la autonomía financiera de estas administraciones, excesivamente condicionadas por el elevado porcentaje que las transferencias rovenientes del Estado suponen en su estructura de ingresos", añade el informe.

Otro defecto que la Cámara atribuye a este sistema es "el excesivo gasto que este mecanismo fomenta ante la ausencia de una responsabilidad fiscal entre los agentes encargados de gasto y los ciudadanos".

En su opinión, sería preciso limitar las facultades de los gobiernos regionales para endeudarse, así como coordinar la política presupuestaria de las autonomías con la del Gobierno central.

"Es necesario que las omunidades asuman al coste político de su gestión ante el ciudadano, de esta manera se limitaría un crecimiento de los gastos innecesarios, al mismo tiempo debería dotarse un sistema de transferencias desde el centro de forma que diese cumplimiento al principio de solidaridad interterritorial", concluye el informe.