Esta decisión del Ejecutivo autónomo, según informó su portavoz, Jaime Lissavetzky, ha sido tomada tras examinar los expedientes sancionadores abiertos por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) a este factoría.

La mayor multa, 25 millones de pesetas, coresponde al incumplimiento de la ley sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, al incinerar residuos tóxicos y peligrosos sin ser gestor autorizado.

El resto de sanciones corresponden a infracciones como la utilización del aceite usado como combustible en una de las calderas (20 millones), mezcla de residuos tóxicos con materiales sólidos urbanos (10) y creación de 2 vertederos sin la preceptiva autorización (1).

Otras multas de menor cuantía fueron impuestas por no presentar declaración anual deproductor de residuos tóxicos (100.000 pesetas) y emitir contaminantes a la atmósfera sin adoptar las medidas correctoras necesarias (50.000).

Por otra parte, el Gobierno regional ha instado a la papelera cerrada y sancionada a que presente un proyecto para la retirada de los residuos almacenados dentro de la finca donde está situada la fábrica, la limpieza del terreno y su restauración a su estado original.