Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que detalló el plan de poner a disposición 50.000 viviendas en régimen de alquiler social de la Sareb, controlada mayoritariamente por el Estado desde la primavera de 2022.

Sobre la negativa del PSOE a las reivindicaciones de partidos como Podemos o Izquierda Unida (IU), que habían reclamado la medida con anterioridad, Calviño justificó que esto ha sido posible desde que el Gobierno tomó el control mayoritario de la Sareb a través del Frob, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que controla más del 50% de la sociedad.

La vicepresidenta primera subrayó que, desde entonces, se ha realizado una gestión de “maximización del valor económico y social” de los activos de la Sareb, en la que los gastos relacionados con el funcionamiento se han reducido un 8%, los sueldos directivos han descendido un 40% y los ingresos han crecido un 8% por la venta de activos a “minoristas, no fondos buitre”.

“El 90% de las ventas se han realizado a personas físicas”, enfatizó Calviño, explicando que estas operaciones han permitido una amortización “récord” de la deuda de 3.000 millones de euros. La ministra de Asuntos Económicos criticó que, en su nacimiento, el Gobierno del PP afirmase que la Sareb “no iba a costar nada a los ciudadanos” y ahora acumula una deuda de más de 30.000 millones de euros, que contabiliza en el registro de deuda pública desde 2020.

La vicepresidenta primera tuvo que insistir en que este cambio de estrategia ha sido posible gracias a la toma de control de la Sareb y apuntó que ha venido “informando regularmente” de la actuación del Ejecutivo para con los activos de la Sareb. “Es un proceso de transformación que culmina con este plan para movilizar hasta 50.000 viviendas”, señaló.

Asimismo, indicó que la estrategia de Sareb tiene un triple objetivo de “impulsar el parque público de vivienda”, el apoyo a la “inclusión social” y la mejora de la cohesión en todo el territorio nacional, todo ello combinado con el “mejor uso posible de los activos públicos”. “El alquiler social contribuye a recuperar el valor de sus activos al facilitar que sus habitantes tengan una mejor situación económica y estabilicen el pago de las rentas”, señaló Calviño al respecto.

Calviño subrayó que la vivienda es una de las “preocupaciones fundamentales” de los ciudadanos y subrayó la importancia de ampliar el parque público de viviendas en alquiler, actualmente en el 3%, para responder a este “reto”. En Europa, la media se sitúa en el 9% y en algunos países está por encima del 20%, objetivo al que quiere llegar el Gobierno en las dos próximas décadas.

50.000 VIVIENDAS

El plan de Sareb se compone de tres ejes. 14.000 de las 50.000 viviendas que forman parte del plan ya están habitadas, otras 21.000 viviendas se van a poner a disposición de comunidades y ayuntamientos, y otras 15.000 que se construirán en suelos de la entidad. Economía apuntó que tanto las viviendas como los suelos tienen una distribución geográfica asimétrica y no siguen un criterio poblacional, sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb. Un 60% de estos bienes se concentra en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Sobre las 20.768 viviendas que se van a poner a disposición a través de acuerdos de venta o alquiler social, Calviño detalló que 9.000 de ellas ya están disponibles para la venta y 12.000 están “pendientes de obras de finalización o habitabilidad”.

En concreto, detalló que Sareb ha negociado acuerdos para vender 500 viviendas a la Comunidad Valenciana y 42 viviendas a la Xunta de Galicia. Se están ultimando negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para la venta de 42 viviendas y con municipios del área metropolitana de Barcelona para otras 89. También se negocia con la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega.

En total, hay 4.950 viviendas en la Comunidad Valenciana, 3.539 en Cataluña, 2.228 en Castilla y León, 2.093 en Murcia, 2.040 en Andalucía, 1.534 en Castilla-La Mancha, 1.285 en Galicia, 611 en Cantabria, 580 en Aragón, 455 en la Comunidad de Madrid, 388 en La Rioja, 305 en Extremadura, 303 en Canarias, 171 en Asturias, 120 en Baleares, 81 en País Vasco y 25 en Navarra.

Respecto a las 14.000 viviendas habitadas, Calviño señaló que su casuística es “muy variada” y la actuación del Gobierno requiere detectar “situaciones de vulnerabilidad para proporcionar el apoyo necesario”. Este enero, señaló, se puso en marcha un programa de acompañamiento social en hasta 9.000 viviendas, con alquileres en función de la renta de quienes las habitan y ayudas para la regularización de su situación, búsqueda de empleo o acceso a servicios sociales. Actualmente, Sareb gestiona más de 2.000 alquileres sociales y da acompañamiento especial a más de 400.000 familias.

Por último, Calviño detalló el proyecto de cesión de suelos “mediante un esquema de colaboración público-privada” para construir hasta 15.000 viviendas. Sin embargo, apuntó que se destinará suelo de Sareb para otros servicios como hospitales, escuelas o aparcamientos. Mencionó como ejemplo la venta de una finca a Tortosa para la construcción de un hospital o la venta de un suelo al Ministerio de Justicia en Palma de Mallorca para la construcción del Palau de Justicia.