Las mismas fuentes indicaron que el ministro y los consejeros autonómicos no fijaron un calendario de negociación, pero mantendrán nuevas reuniones en el futuro para determinar la participación de la Administración central y la autonómica para cumplir el plan de la vivienda presentado por el PSOE en las elecciones del 26 de mayo.

La idea del Gobierno es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos "deberán corresponsabilizarse con la Administración central en materia de política de vivienda", según afirma en una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Mixto sobre la forma en que el Ejecutivo piensa coordinar la financiación de las viviendas.

En esa respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno señala que las ayudas financieras estatales para la vivienda dependerán del compromiso presupuestario de las adinistraciones territoriales.

Ese compromiso, señala el Ejecutivo, puede traducirse en inversión en adquisición y urbanización de suelo, gastos de expropiación de solares o inmuebles, y participación en la subsidiación de intereses de préstamos privilegiados para la construcción o adquisición de viviendas protegidas, entre otras medidas.

A juicio del Gobierno, "para cualquier actuación que se pretenda realizar en materia de vivienda, es imprescindible una coordinación sin recelos por parte de las iversas administraciones con competencias en dicha materia".

La coordinación es especialmente necesaria para la nueva política de vivienda que el Gobierno considera necesario adoptar en el cuatrienio 1992-1995 para aplicar el plan ofrecido por el PSOE en las pasadas elecciones.

El nuevo régimen de ayudas financieras estatales incluido en ese plan implicará que la concesión de subsidios para préstamos cualificados quedará condicionada a la oferta, por parte de las administraciones territoriales, d suelo edificable a precios asequibles.