La comisión estima que el magistrado incurrió en una falta muy grave del artículo 417 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, al generar una responsabilidad civil por lesionar el honor de la mujer, ya que, en su argumentación jurídica, consideró que ésta, a su edad, no pudo despertar un interés lascivo en un profesional que, por su trabajo, tendría a diario "mejores oportunidades".

La propuesta contó sin embargo con la oposición de dos de los cinco vocales que integran la comisión, Antonio Bruguera y Antonio Marín, que formularon un voto particular en el que hicieron constar que no podía expedientarse al jue por una responsabilidad disciplinaria derivada de lo civil "sin previa sentencia firme" de un tribunal.

Este argumento ha sido esgrimido por el propio González Calderón, quien declaró a Servimedia que la expulsión supondría "una monstruosidad, propia de personas que deben padecer un Alzheimer" y exigió al CGPJ que, por el mismo motivo, actuara contra el juez Manglano, famoso por el "caso Naseiro"; Sánchez Yllera, que puso en libertad al asesino de la niña Olga Sangrador, o a Calvo Cabello, que absolvó a un insumiso por razones de conciencia, cuyas decisiones sí generaron responsabilidad civil.

González Calderón intentó impugnar la apertura de expediente disciplinario, decretada el pasado mes de noviembre, argumentando que este acto administrativo fue ilegal, ya que faltaban dos integrantes de la comisión, Marín y Bruguera, que fueron supuestamente sustituidos por otros dos vocales sin que la Comisión Permanente lo autorizara.

El pleno, que desestimó la impugnación, reconoció la existencia dela irregularidad pero la justificó porque "no se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido" y el acuerdo fue ratificado por todos los miembros de la comisión en fecha posterior.

El juez mantiene sin embargo que no hay forma de convalidar "un acuerdo nulo" y presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ex presidente del TSJ de Madrid, Clemente Auger, y los vocales José Antonio Zarzalejos, Javier Gómez de Liaño y Soledad Mestre por ataque a la independencia judicial, prearicación y falsedad, que fue archivada.

El alto tribunal no estimó "infracción penal alguna" en la conducta de Auger, que no hizo sino "expresar su extrañeza por una sentencia", según consta en la resolución, ni en la de los vocales "que en el ejercicio de su legítima actividad, propia de quienes ostentan el Gobierno de dicho poder, acuerdan lo procedente respecto a un expediente disciplinario".

UN JUEZ "SACUDIDO"

El archivo ha sido recurrido por el juez, que muestra su preocupación porque "sóo nos faltaba a jueces y magistrados estar diariamente defendiéndonos en actuaciones gubernativas provocadas por la extrañeza que a un determinado presidente de un TSJ pueda producir una sentencia", extremo que ya ha sido denunciado por las asociaciones de jueces.

"Entonces el juez, además del estudio de las actuaciones, se encuentra con una mayor complicación, que es considerar si su resolución agradará o no a tales órganos no jurisdiccionales pero que le pueden sacudir, tal y como me sucede a mí", idica el juez, que estima que el Poder Judicial está más mediatizado ahora que bajo el régimen de Franco.

González Calderón subraya en su recurso que tal "extrañeza" puede ser motivo de crítica o de una inspección, pero no de un expediente disciplinario, máxime cuando el tribunal de la Audiencia de Madrid que revocó la polémica sentencia no impuso un "dígase", fórmula de advertencia que los tribunales de apelación emplean cuando un juez se excede en el desarrollo jurídico de una resolución.

El jue recuerda también que la mujer asaltada tampoco le ha denunciado, porque "ha comprobado que en lo que dicen los medios de comunicación (...) hay intereses en los que sus senos no tienen nada que ver", y denuncia la existencia de una "insistente campaña publicitaria", que atribuye a un interés político de Clemente Auger.

Así, reitera que cuando se dio a conocer su sentencia, Auger, "en un puesto oscuro como es el TSJ de Madrid, que no tiene la relevancia de otros tribunales superiores", vio la oportuniad para darse publicidad en un momento en el que figuraba en la lista propuesta por el PP para la renovación del Tribunal Constitucional.

Por ello, le acusa ante el Supremo y con él "a los que participan en el montaje, que también pueden perjudicar al juez con ese expediente disciplinario", señalando a Soledad Mestre como "al ariete" de Auger en el Consejo, motivo por el que también está persiguiendo a otros jueces de Alcalá de Henares, "a los que quiere jubilar".

González Calderón ha arremetido ontra la vocal, a la que quiere expulsar del organismo judicial, con una querella contra el anterior ministro de Justicia, Enrique Múgica, por nombramiento ilegal, ya que Mestre apenas ha ejercido seis años como abogada y no 15 como exige la ley, denuncia que aún está pendiente de resolución.

Por lo que respecta a los otros dos vocales, estima que su interés por desprestigiarle se debe a que no acudió a una comida que los vocales del PP organizaron en el casino de Alcalá de Henares, a la que fue invitdo, por encontrarse en un juicio "y les pareció una desatención que no lo suspendiera o incluso mejor haber absuelto al acusado directamente".