Caldera aseguró que no hay que repartir culpas entre los responsables del Ayuntamiento de Barcelona y el Ejecutivo central porque la Ley de Extranjería fue aprobada por el Gobierno y, por lo tanto, las responsabilidades deben ser de los que gobiernan.

En este sentido, argumentó que los inmigrantes que actualmente se encuentran en Barcelona llegaron de ciudades como Ceuta, Melilla o Gran Canaria y tuvieron que atravesar la península hasta llega a la Ciudad Condal.

Según explicó, el PSOE no apoyó la aprobación de la Ley de Extranjería pero eso no debe ser un motivo de confrontación política. Caldera apuntó que el Gobierno no puede desviar culpas al Ayuntamiento de Barcelona y tiene la obligación de coordinarse con él para que, en su caso, las devoluciones a los países de origen estuvieran rodeadas de todas las garantías de seguridad pertinentes.