Caldera, que definió la Ley de Dependencia como "una propuesta progresista para todos los españoles", destacó alguna de las aportaciones que los grupos parlamentarios firmantes han incorporado a la ley, que con toda probabilidad aprobará este viernes el Consejo de Ministros.

Tras señalar que "el texto definitivo reforzará el derecho universal y subjetivo de toda persona a recibir los servicios", el ministro remarcó que "se incorpora la capacidad de exigir administrativa o judicialmente el cumplimiento del derecho a la atención a la dependencia".

El titular de Trabajo y Servicios Sociales indicó que la ley reconoce tres niveles de proteccion. "Se establece un primer nivel básico y común para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional cuya financiación correrá a cuenta de la Administración General del Estado", aseguró Caldera.

El segundo nivel, que vendrá determinado por la intensidad del catálogo de servicios y la cuantificación de las prestaciones, será coparticipado, mediante convenio, por el Estado y las comunidades autónomas. El tercer nivel, en los casos en los que sea necesario, será sufragado por las comunidades y las administraciones locales, según explicó el ministro de Trabajo.

Asimismo, aseguró que la nueva norma articula un modelo de financiación estable, suficiente y sostenido en el tiempo, "como condición fundamental para hacer efectivo el ejercicio de este nuevo derecho".

Según Caldera, "este gran derecho del que van a disfrutar los españoles está ya garantizado en el Congreso. Esta ley será un avance social revolucionario".

Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, calificó la Ley de Dependencia como "el primer paso del cambio social. Si los 80 fue la década de los derechos fundamentales y los 90, la de las pensiones, esta década será la de la consecución del Estado del Bienestar". Además recordó que en España "los avances sociales han venido siempre de la mano de las izquierdas".

De forma parecida se pronunció Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, quien señaló que no era casual que este pacto lo hayan alcanzado los partidos de izquierda, "tras una etapa en la que se puso en jaque al Estado del Bienestar" y pidió que, en la tramitación de la Ley de la Dependencia, no haya deslealtades.