A su juicio, ha habido un antes y un después de esta legislatura en las políticas dirigidas a las personas con discapacidad.

El ministro se muestra satisfecho por los avances sociales de España en estos años de Gobierno socialista, avances que en su opinión sitúan al país como referente internacional en materia de políticas de la discapacidad.

"Hemos seguido tres grandes ejes: el empleo, la atención de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas y el impulso a la accesibilidad universal. En cuanto al empleo, hemos hecho efectiva la cuota de reserva en el empleo público y hemos incrementado las ventajas para la contratación de personas con discapacidad. Así, se han creado más de 60.000 empleos y la contratación ha crecido un 13%. Nunca el empleo para personas con discapacidad había gozado de una situación como ésta, aunque no debemos olvidar que nos queda todavía camino por recorrer", señala Caldera.

LEY DE DEPENDENCIA

Además, añade el ministro, "para las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, hemos garantizado por primera vez su atención a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que supone una auténtica revolución social".

En cuanto a la accesibilidad, subraya que "hemos desarrollado los reales decretos de accesibilidad previstos en la Lindoau; hemos realizado, en colaboración con la Fundación ONCE, más de 400 proyectos en toda España para eliminar barreras arquitectónicas y virtuales, y hemos puesto en marcha el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad".

Además, recuerda la puesta en marcha del Plan ADO Paralímpico, gracias al cual por primera vez los deportistas paralímpicos cuentan con ayudas y becas similares a las del resto de deportistas para preparar competiciones.

Respecto a la adhesión de España a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, Caldera afirma que es "de una importancia decisiva, ya que se trata del primer tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad".

"La convención", explica, "prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que todos los estados deben implantar para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos en igualdad de condiciones".

Según el responsable de Trabajo y Asuntos Sociales, "el Gobierno español, en colaboración con el Cermi, ha jugado un papel muy importante en el impulso de esta convención en el seno de Naciones Unidas. En cuanto a España, este tratado viene a ratificar las políticas que se están desarrollando en nuestro país, ya que España se ha convertido en un referente internacional a favor de las personas con discapacidad".