CALDERA AUGURA LA CREACION DE HASTA 400.000 EMPLEOS CON LA LEY Y UNOS INGRESOS DE 13.000 MILLONES DE EUROS
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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, augura que la implantación del Sistema Nacional de Dependencia (SND) permitirá crear entre 200.000 y 400.000 empleos, lo que revertirá en unos ingresos superiores a los 13.000 millones de euros para el Estado por impuestos y cotizaciones sociales.
En una entrevista concedida a Servimedia, Caldera destacó que la "orientación fundamental" de la ley que regulará el SND es "productiva", y los cálculos de creación neta de empleo oscilan "entre 200.000 y 400.000" nuevos puestos de trabajo, "nunca por debajo de los 200.000. Es un yacimiento de empleo importante".
Una generación de empleo derivada de la implantación del sistema que conllevará, además, mayores ingresos para el Estado en términos de cotizaciones sociales de los nuevos trabajadores e impuestos.
El Sistema Nacional de Dependencia "va a generar actividad económica" y "supondrá un crecimiento agregado del PIB que algunos cálculos estiman, incluso, en un crecimiento adicional del PIB del 1,5% en los ocho primeros años", equivalentes a más de 13.000 millones de euros.
"La tasa de retorno de la inversión (el dinero que se ingresa consecuencia de una inversión) es importante", apuntó. "Cada estudio lo cuantifica de una manera. Hay cálculos que van desde el 30%, es decir, que se recupera vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social el 30% de lo invertido, y otros estudios que hablan incluso del 70%. Hay una recuperación evidente", añadió el ministro. 9.000 MILLONES
En cuanto al coste, Caldera incidió en que "es imposible de calcular con exactitud", pero la memoria que acompaña al proyecto hace una aproximación en el entorno del 1% del PIB, de forma que, "cuando el sistema esté en pleno rendimiento, que será en el año 2015", el coste sería de más de 9.000 millones de euros, que permitirán "dar cobertura a una población de 1.300.000 ó 1.400.000 personas dependientes".
Lo que es "imposible saber de antemano" es lo que deberá aportar el usuario, "porque dependerá del número de personas que sean reconocidas, de la renta que tengan". Eso sí, "es indispensable que haya esta participación financiera del usuario".
"Del resto de gasto que no puedan sufragar los usuarios, la ley propone que sea aportado al 50% por el Estado y al 50% por las comunidades autónomas", dijo el ministro, antes de recordar que las competencias de acción social son autonómicas, por lo que la aportación de la mitad del coste del sistema por parte del Estado debe considerarse "generosa".
Una aportación que saldrá "de los Presupuestos Generales del Estado. El sistema será financiado con cargo a los Presupuestos", la financiación será "strictu sensu" presupuestaria, insistió el ministro. "Que nadie piense que se va a obtener dinero de otros recursos", aseveró. NO DISCRIMINACION
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales negó categóricamente que las personas con más recursos vayan a beneficiarse de mejores prestaciones. "El sistema atenderá a todos exactamente por igual, con independencia de su renta. Todos serán tratados por igual", sentenció.
El ministro explicó que "lo que ocurre es que, si una persona necesita una plaza de residencia, por ejemplo, un discapacitado afectado de alzheimer, y la plaza tiene un coste de 1.500 euros mensuales, y la persona tiene esos ingresos, deberá pagarlo, pero otra persona que sólo tiene 500 euros de ingresos, pues el sistema le aportará los 1.000 euros restante. Pero la cartera de servicios es idéntica para todos".
"Quien pueda pagar más pagará más, y quien pueda pagar menos pagará menos. Ese es el principio de la solidaridad que permitirá desarrollar el sistema; si no, sería imposible hacerlo", agregó Caldera.
Eso sí, admitió que las comunidades autónomas sí van a poder implantar prestaciones adicionales a las que establezca el sistema nacional, ya que se lo ampara la Constitución. "La ley va a garantizar unos mínimos, que serán amplios en todo el territorio, pero si se quisieran hacer prestaciones adicionales, cada comunidad autónoma o ayuntamiento, con cargo a sus recursos, podría hacerlo", explicó el ministro.
No obstante, Caldera matizó que, "en realidad, no creo que sea muy necesario si la orientación la ley se aplica, porque es muy amplia". "El conjunto de derechos es amplio, pero, de acuerdo con la Constitución, podrían ser ampliados adicionalmente por las comunidades autónomas", concluyó Caldera.
(SERVIMEDIA)
30 Dic 2005
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