"Los inmigrantes irregulares no llegarán a 300.000 personas", sostuvo Caldera en un encuentro informativo organizado por Cinco Días. "Y la tendencia está bajando".

Según el ministro, cuando el PSOE llegó al Gobierno "había, al menos, un millón", que son los que fueron regularizados a petición de los empresarios para los que trabajaban. "Los empresarios demostraron que querían trabajadores legales. De hecho, casi todos siguen trabajando", añadió.

Jesús Caldera apuntó que, en esta legislatura, se ha procedido a una "canalización ordenada de entrada de inmigrantes, atendiendo a las necesidades laborales del país".

A su juicio, "hay que agradecer a los inmigrantes su participación, trabajo e integración en la sociedad española", en la que han ocupado los puestos que los españoles han dejado vacantes, al progresar hacia empleos de más cualificación profesional y mejor retribuidos. "En modo alguno disputan el trabajo a los españoles", ni están detrás del aumento del desempleo, dijo.

"Hoy en España el 14% de los ocupados son ciudadanos inmigrantes, casi 3 millones de personas, con iguales derechos y obligaciones. Esto ha permitido elevar el nivel de empleo y de recaudación fiscal de nuestar economía", manifestó.

"Se estima que la inmigración ha aportado casi la mitad del crecimiento económico de los últimos cinco años, y casi medio punto del superávit de las cuentas públicas", agregó.

PROPUESTA DEL PP

Desde su punto de vista, el contrato de integración que el PP propone en su programa para los inmigrantes "puede generar severas distorsiones en la convivencia de españoles e inmigrantes. No sé si eso es lo que quiere la derecha; puede ser", declaró.

En su opinión, la propuesta de Mariano Rajoy es "irresponsable" y "suena a una obligación adicional sólo para un colectivo".

Finalmente, se preguntó quién decide cuáles son los usos y costumbres de los españoles que los inmigrantes tendrán que aceptar. "Los usos y costumbres no son obligatorios, no tienen valor legal", concluyó.