En declaraciones a los periodistas tras entregar al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, Caldera confió en que esto no suceda.

El Gobierno va a financiar la implantación del servicio básico de atención a las personas dependientes en toda España, pero las comunidades autónomas deben responder con igual cuantía a la que aporte la Administración central en sus territorios.

Los responsables de Trabajo y Asuntos Sociales inician mañana, martes, las negociaciones con las comunidades autónomas y los partidos políticos con representación parlamentaria para consensuar la norma.

Caldera incidió, en referencia al PP, en que a veces se mantienen "actitudes irracionales", algo que confió en que no se reproduzca en este caso y con esta norma, y "prime" la implantación de un nuevo derecho "ante otra actitud".

El Gobierno está "abierto al diálogo con todos" y "apela a la responsabilidad de todos" para hacer frente a la implantación del Sistema Nacional de Dependencia.

"Nadie entendería" que alguna comunidad autónoma o partido político se quedara fuera del acuerdo "por razones ajenas al contenido" de la ley de dependencia, aseguró el ministro.

APORTACIONES DEL CES

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales se mostró seguro de que el CES hará "importantes aportaciones" al anteproyecto de ley que "enriquecerán el texto".

Caldera apuntó que esta ley supondrá un elemento de "cohesión social, personal y territorial", y lo equiparó a la universalización de la sanidad, la educación o las pensiones asistenciales.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, agregó que la atención a los dependientes es hoy un "problema social de primera magnitud" y un "reto" al que ha de enfrentarse la sociedad.

Reiteró que el desarrollo del sistema permitirá crear unos 300.000 empleos en diez años y generará un crecimiento agregado del PIB del 0,28% anual.