El magistrado ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.

En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el Título X del Libro II, referente a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”.

Recuerda además que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.

El juez entiende que los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.

Aparece “meridianamente claro”, según Calama, la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa penal encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan partiapado y el órgano competente para el enjuiciamiento.

En su resolución, el juez procede también a tener a la Abogacía del Estado como personada y parte en las actuaciones. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, será el encargado de llevar este caso por parte del Ministerio Público y ahora deberá informar de las diligencias necesarias para esclarecer en asunto. Entre ellas podría estar incluso la citación de las víctimas del espionaje, que al ser miembros del Gobierno podrían declarar por escrito.