Según informó la Policía este martes, en esta operación han sido detenidas 16 personas -15 en Murcia y una en Almería-, de las que siete han ingresado en prisión provisional.

En el mismo dispositivo han sido liberadas 15 mujeres, que fueron captadas principalmente en Colombia y Ecuador y, posteriormente, eran obligadas a prostituirse tras llegar a España, donde eran sometidas a vigilancia mediante dispositivos de videovigilancia.

La investigación policial comenzó con una denuncia recibida en el correo ‘trata@policía.es’, que coincidió en el tiempo con las declaraciones aportadas por varias personas que decían ser víctimas de estas redes.

Se ha llevado a cabo el registro de siete pisos prostíbulos y de tres domicilios, en los que se ha intervenido 29.000 euros y 5.000 dólares en metálico, dos vehículos, varios gramos de cocaína, marihuana y hachís, diversos dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación.

CONTROLADAS CON CÁMARAS

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, permitieron constatar la existencia de dos organizaciones criminales, una asentada en Murcia y otra en Lorca, dedicadas a la trata de mujeres para su posterior explotación en prostíbulos ubicados en diferentes localidades de la región de Murcia y Almería.

Los dos entramados, que habrían colaborado en el pasado, actualmente desarrollaban su actividad de manera independiente, pero con un modus operandi similar. Captaban mujeres en situación de vulnerabilidad y necesidad económica en sus países de origen, Colombia y Ecuador principalmente, y las convencían mediante el engaño para viajar a nuestro país.

Durante su captación las ayudaban en la preparación del viaje y en su financiación, les daban la instrucciones necesarias para conseguir el cruce de fronteras, y una vez en España, las trasladaban a los diferentes prostíbulos que regentaban donde las informaban del verdadero trabajo a desempeñar.

Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones gravosas y abusivas. En un ambiente intimidatorio y de reclusión, eran controladas a través de cámaras de video vigilancia, tenían que pedir permiso para salir a la calle y no podían rechazar ningún servicio.

Las víctimas recibían en torno al 50% de los beneficios obtenidos, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y sólo en algunos casos se libraban de la explotación sexual, pero a cambio eran explotadas laboralmente desempeñando funciones de encargadas en los prostíbulos. Además, en el caso del entramado asentado en Lorca, los explotadores rotaban a las víctimas entre los prostíbulos cada 15 días para garantizar a los clientes disponer de mujeres nuevas.