Una vez falsificados los documents, éstos eran vendidos por 1.500 dólares a originarios latinoamericanos, que deseaban emigrar a Estados Unidos y Canadá, y que se encontraban de forma irregular en España.

Uno de los arrestados había abierto una agencia de viajes en Madrid, en donde expedía los pasajes de avión a estas personas, por los que cobrara entre 700 y 1.000 dólares.

Los miembros de la organización adoptaban grandes medidas de seguridad señalando a sus clientes los itinerarios que debían seguir para evitar los controles pliciales españoles, en los que podían ser detectadas más facilmente las falsificaciones. De esta manera, viajaban a Barcelona, Bilbao, Málaga o Alicante en tren o autobús y, desde estas localidades, se dirigían hasta París, Lisboa o Londres, donde embarcarían con destino a Estados Unidos o Canadá.