De los recursos planteados, cuatro fueron interpuestos por las comunidades contra el Estado y cinco a la inversa. Además, en dos casos se llegó a un acuerdo que hizo innecesario continuar con la tramitación de los recursos.

El único ámbito administrativo que motivo más de un recurso fue el de Agricultura, con 3. Los seis estantes afectaron a cada una de las siguientes materias: administraciones públicas, asuntos sociales, economía, educación, justicia e interior.

Este nivel de conflictividad no tiene precedentes en toda la década de los ochenta, ya que en entre 1981 y 1990 los recursos planteados fueron una media anual de 79, nueve veces más que este año. En 1990, que era hasta ahora el mejor año, se interpusieron 32.

El descenso de la conflictividad ha permitido también al Tribunal Constitucional reducir la abulada cifra de asuntos pendientes de sentencia, desde 413 a finales de 1990 a 343 al 31 de octubre de 1991.

La "cola" de asuntos pendientes no bajaba de cuatrocientos desde 1987, año en el que empezaron a sentirse las consecuencias del elevadísimo número de recursos presentados a partir de 1984, con un máximo de 131 en 1985.

De los asuntos pendientes todavía de sentencia, 238 corresponden a recursos planteados por las comunidades autónomas contra el Estado y 105 a la inversa. Casi la mitad de los pimeros fueron interpuestos por la Comunidad de Cataluña (112) y un tercio por el País Vasco (78).

Todas las demás bajan de diez: Galicia (8), Andalucía (7), Aragón (5), Asturias (2), Baleares (4), Comunidad Valenciana (4), Canarias (5), Cantabria (5), Castilla y León (4), Murcia (1), Navarra (2), y La Rioja (2). Las comunidades que no tienen ningún caso pendiente son Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid, todas ellas gobernadas por el PSOE.

La historia se repite en parecidos términos al analizr los recursos del Estado contra las comunidades, puesto que 28 fueron interpuestos contra disposiciones normativas de la Comunidad de Cataluña y 21 del País Vasco.