Según informó este domingo el Instituto Armado, han sido detenidas 39 personas por estafa y falsedad documental. Se han efectuado siete entradas -seis en domicilios y una en una empresa-.

Los investigadores calculan que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros. No descartan que estas cifras se incrementen, puesto que muchas personas no son conocedoras de que se encuentran en la lista de deudores.

La investigación se inició en 2023, al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada. La Benemérita y los Mossos constituyeron un equipo conjunto que en noviembre de ese año identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con el objetivo de cometer estafas a gran escala.

ROBO DE DOCUMENTOS

El modus operandi comenzaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI de las víctimas, o a través de capturas fotográficas de aquellas hechas por algunos de los miembros de la organización mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.

Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas crediticias y comprobaban mediante una simulación si con esos datos podían tener acceso a un crédito. En caso afirmativo, la empresa les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad, que obtenían mediante la introducción de los datos personales en la web de la Seguridad Social.

El último paso era la falsificación de la nómina y de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo. Con toda esta información, la organización solicitaba créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba por internet teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo, que eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el territorio nacional por otros miembros.

SE MOVÍAN POR ESPAÑA

Durante 2023 la organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Esto obligó a los autores a desplazarse a otros puntos de España como Valencia y Zaragoza para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.

En una segunda fase de la operación, gracias a la información obtenida del análisis de las evidencias intervenidas en las diferentes entradas realizadas durante la primera fase, se consiguieron una multitud de indicios que llevaron a la identificación y detención de otros 20 miembros. Los estafadores fueron puestos a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Reus.

Los agentes descubrieron que esta organización había estafado a muchas más personas. En esta segunda fase se han resuelto ya 267 hechos denunciados ante el cuerpo de Mossos d'Esquadra, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en el Baix Camp y el Priorat.