Según informó este miércoles la Benemérita, los detenidos contactaban con familias residentes en Marruecos y Argelia de personas desaparecidas a los que ofrecían información falsa sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero.

Después les hacían firmar y cobraban por los trámites de repatriación, además de gestiones de denuncias, tomas de ADN para identificar a los cuerpos o servicios de traducción.

En total hay 14 detenidos y un investigado, que están acusados de delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos, cohecho y falsedad documental. La red se habría estado lucrando durante años a costa de los familiares de personas desaparecidas fallecidas en el mar cuando intentaban alcanzar las costas españolas en pateras.

Todo comenzaba a través de las redes sociales, generalmente con perfiles falsos de la trama, con los que contactaban con las familias ofreciéndoles información falsa sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero. Posteriormente, cuando tenían conocimiento de un naufragio, volvían a contactar con la familia para pedirles datos personales de los desaparecidos para realizar una falsa búsqueda de estas personas.

TOPOS EN INSTITUCIONES

Para establecer contacto con las familias se valían de una gran cantidad de perfiles falsos en redes sociales. Sin embargo, para extraer información sobre la identificación de cadáveres se servían de la colaboración e implicación de empleados de algunas instituciones públicas relacionadas con el proceso de identificación, como un instituto de medicina legal.

Una vez tenían en su poder información sobre cómo actuar en la gestión de identificación de cadáveres, como fotografías de los cuerpos, se lo facilitaban a las familias para asegurarse que firmasen autorizaciones para que las funerarias implicadas en la trama se llevaran el contrato de manera exclusiva.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron esta operación cuando detectaron varias de estas fotografías en internet. Tras su investigación se logró identificar al cabecilla del grupo, un individuo de origen marroquí y a sus principales miembros en Murcia y Almería.

CABECILLA MARROQUÍ

Esta persona se valía de sus contactos en las comunidades de origen magrebí para que las familias confiaran en su palabra al decirles que no había otro modo de repatriar los cadáveres de sus difuntos, acumulando una gran cantidad de contactos entre empresas funerarias y entidades relacionadas con las identificaciones y repatriaciones de cadáveres. También se encargaba de gestionar los pagos a los intervinientes y facilitadores de información.

En la fase de explotación de la operación se realizaron 13 registros, ocho en Murcia –cinco en la capital, dos en Cartagena y uno en Molina de Segura-, cuatro en Almería y uno en Jaén. En ellos se incautó numerosa documentación relacionada con el caso, varios vehículos y casi 70.000 euros en efectivo en la vivienda de uno de los responsables del entramado.