El anuncio se realizó durante el Consejo de Ministros del Interior celebrado en la capital belga, al que Marlaska acudió junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La Coalición contra el Crimen Organizado, creada en Bruselas en 2021, está formada por España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, países cuyos titulares de Interior y Justicia se reúnen periódicamente para coordinar estrategias contra la delincuencia organizada.

El ministro trasladó la invitación a sus homólogos de la coalición y al nuevo comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante una cena de trabajo celebrada en Bruselas, donde expuso los resultados del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Marlaska destacó la importancia de fortalecer la cooperación transnacional contra el crimen organizado, señalando que es necesario actuar "no solo dentro de la UE, sino compartiendo esfuerzos con otras regiones afectadas por la misma lacra".

El titular de Interior resaltó el papel de España como "el puente que impulsa la colaboración y el entendimiento mutuo" entre América Latina y el norte de África, a las que definió como "regiones prioritarias para la UE por los desafíos comunes que compartimos".

La cumbre de Cádiz será la cuarta reunión de este grupo europeo, tras las celebradas previamente en Ámsterdam (2022), Amberes (2023) y Hamburgo (2024), lo que demuestra la continuidad del compromiso de los países miembros.

PACTO MIGRATORIO

Durante su intervención en Bruselas, Marlaska confirmó que España envió a la Comisión Europea el Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que comenzará a aplicarse plenamente en junio de 2026.

El ministro solicitó además "flexibilidad" a los Estados miembros de la UE para avanzar en la aprobación del reglamento contra el abuso sexual de menores en línea e iniciar "cuanto antes" la negociación con el Parlamento Europeo.

Por último, calificó como "crucial y urgente" la necesidad de establecer un nuevo marco jurídico para combatir esta forma de delincuencia que afecta a los menores de edad en el entorno digital.