Así lo han indicado a Servimedia fuentes solvntes del MOPTMA, que se muestran dispuestas a intentar bloquear por la vía jurídica la decisión del PP, por considerarla ilegal, "ya que ninguna ley, reglamento o sentencia de tribunales ampara la medida" anunciada por el principal partido de la oposición.

Además, el ministerio considera que se está produciendo una grave situación para los potenciales inversores de cable, ya que muchas de las inversiones que se puedan hacer al amparo de esos concursos quedarían congeladas en tanto los tribunales resueven los contenciosos a los que el Ejecutivo se muestra dispuesto.

En el MOPTMA señalan también que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ampara el PP, junto a la laguna legal en materia de regulación por cable, no basta para arrogarse la facultad de conceder licencias a futuros operadores, ya que la resolución del Alto Tribunal se limita a señalar que los ayuntamientos no pueden impedir la actividad de las TV por cable en tanto no exista una ley que lo regule.

Por su parte, el PPsus principales alcaldes mantienen que existe seguridad jurídica de todas las empresas que resulten adjudicatarias de los concursos para operar en las redes de cable, ya sea porque la futura ley que lo regule "consolide sus derechos o porque lo haga el próximo gobierno de José María Aznar".

Además, los alcaldes populares y la dirección del partido creen que el proyecto de ley que el Gobierno intenta consensuar en el Parlamento "nace obsoleto" y apuesta por el intervencionismo del Estado.

Tambiénadvierten al Gobierno que no debería aprobar la ley sin consultar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque "lo contrario sería atentar contra la autonomía municipal reconocida en la Constitución".

La idea del PP es lograr que a mediados de diciembre existan ya empresas con licencia para operar en redes de cable, prácticamente al mismo tiempo que el Gobierno prevé tener aprobada la ley en el Parlamento con el acuerdo de otras fuerzas políticas. La única demora del plan del Gbierno respecto al del PP -al margen de las contingencias jurídicas que puedan suscitarse- serían los dos meses que el Ejecutivo tardará en sacar el reglamento para desarrollar la ley.