Así lo anunció su gabinete, al tiempo que precisó que, en el transcurso de su viaje, Bustinduy visitará la localidad de Denia, donde mantendrá un encuentro con su alcalde, Vicent Grimalt, y la de Altea, donde también se verá con su primer edil, Jaume Llinares.

El fin de estas reuniones es “avanzar” en el trabajo puesto en marcha desde su departamento para “monitorizar” dichas viviendas turísticas y “poder perseguir los anuncios que publicitan estos alojamientos ilegales”, según abundó Consumo.

En este contexto, Bustinduy alertó de que estos anuncios son la base de un negocio que, a su juicio, "está teniendo un impacto negativo en muchas localidades, dificultando el acceso a la vivienda y expulsando del centro a muchos vecinos" y supondrían una práctica comercial “desleal” que podría considerarse como “una infracción grave susceptible de ser sancionada”.

El ministro abrió a principios de junio una investigación sobre “potenciales” prácticas comerciales “desleales” en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico, que, advirtió, serán “perseguidas”, dado que, según su criterio, “si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y, por tanto, debe ser perseguida".

PRÁCTICAS DESLEALES

El ministerio explicó entonces que la Dirección General de Consumo ha “identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas”.

“Serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, señaló dicha Dirección General.

El gabinete de Bustinduy añadió que, según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia en este ámbito, un número “significativo” de viviendas turísticas “estarían operando sin licencia”, razón por la cual ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de “proteger a las personas consumidoras y usuarias ante estas prácticas”.

La Dirección General de Consumo ya ha enviado requerimientos a las “principales” plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que estarían incurriendo en esta infracción, haciendo “especial hincapié”, según apuntó el ministerio, en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que, a su entender, “podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general”.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Con la información recabada a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo va a “estudiar” la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves susceptibles de ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede “sobrepasar”, según recordó la cartera de Bustinduy, hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, si bien recalcó que la apertura de esta investigación “no prejuzga el resultado final de la misma”.

En paralelo, el ministerio se puso en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ofrecer a ciudades de todo el país la oportunidad de que se sumen a las acciones que ha emprendido con el objetivo de “poner fin” a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia.

Por otra parte, Consumo subrayó en su misiva a la FEMP el “importante impacto” en el “modelo de ciudad” que tienen las viviendas turísticas e incidió en la “necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder “garantizar” que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para “velar” por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.

Antes de visitar Alicante, el ministro Bustinduy ya se reunió con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) a principios de mes en Málaga, donde volvió a “instar” a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a que “apliquen” la Ley de Vivienda y dejen de “culpar” de la “insostenible situación de la vivienda” a una normativa “que no están aplicando” y que, según su punto de vista, es “la principal herramienta que tenemos hoy en día para poder controlar el precio de los alquileres en nuestro país”.

IVA

En este sentido, también ha propuesto introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos (VUT) en España para que así tributen “como cualquier actividad comercial” para “frenar el aumento de la oferta ilegal” e “incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener”, que es, según él, “que la gente viva en ella, mientras se construye más vivienda pública y alquiler social”.

Junto a ello, valoró como "positiva" la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren que "en sus inmuebles haya actividades económicas como la que suponen los pisos turísticos", merced a una enmienda del grupo socialista en el Congreso a la Ley de Propiedad Horizontal y celebró la creación de un registro estatal para este tipo de viviendas, de tal manera que la información “esté centralizada” y sea posible “saber cuáles son los pisos que disponen de licencia para ello".

Consciente de que se trata de “un problema de primera magnitud”, teniendo en cuenta, además, que, en ciudades como Madrid, “hasta el 90% de las viviendas que se destinan al alquiler turístico, de corta duración, no disponen de licencia para ello”, Bustinduy ya ha recibido el ofrecimiento de colaboración por parte del Gobierno vasco para “controlar” la vivienda turística, tal y como acordaron el propio ministro y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en una reciente reunión.