Así lo avanzó durante una entrevista en La 1 recogida por Servimedia y en la que puntualizó que, “a día de hoy”, los pisos turísticos “no pagan IVA” y que “deberían tributar, precisamente para poder desincentivar ese uso turístico de las viviendas” y que “prime que las viviendas se destinen al uso residencial”, que es, a su juicio, “el primero que deben tener”.

“Porque no puede ser que jóvenes no se puedan emancipar, que familias trabajadoras no puedan acceder a un alquiler y se tengan que ir de sus barrios y de sus ciudades”, aseguró, al tiempo que insistió en que en España “hemos normalizado la proliferación de viviendas turísticas” que, a su entender, “tienen un impacto enorme sobre la oferta disponible de pisos en alquiler, sobre los precios del alquiler en las grandes ciudades y también sobre la vida, sobre el tejido social en esos barrios”.

Bustinduy lamentó que, en “muchas” grandes ciudades “estamos viendo cómo, con la turistificación, se está vaciando el centro, en el que vivía gente que se tiene que ir a vivir fuera” porque esta actividad “hace que sea casi inalcanzable acceder a una vivienda para la gente que vive y trabaja en esa ciudad”.

PROBLEMA DE PRIMERA MAGNITUD

En este sentido, se mostró convencido de que “esto es un problema de primera magnitud”, teniendo en cuenta, además, que, en ciudades como Madrid, “hasta el 90% de las viviendas que se destinan al alquiler turístico, de corta duración, no disponen de licencia para ello”.

Tras preguntarse si “alguien puede imaginar que alguien que no tenga una licencia para abrir un bar lo abra y lo publicite y tenga un negocio boyante basado en una actividad para la que no dispone de la licencia legal”, recordó que su gabinete ha abierto una investigación “centrada” en la publicidad de estas viviendas turísticas sin licencia y, a través de la FEMP, ha propuesto a “todas las grandes ciudades españolas que lo deseen que se sumen a esta investigación".

“La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y, por tanto, debe ser perseguida”, prosiguió, para advertir de que es lo que va a “hacer”, convencido de que “es una manera de intervenir” para “poner coto” a una “realidad” que, a su entender, “está afectando muy negativamente a la vida de millones de conciudadanos que ven cómo su derecho a acceder a una vivienda se está volviendo una tarea imposible".

A este respecto, abogó por “generar las condiciones necesarias” para que el alquiler “no se convierta, como está siendo hoy en día, en un factor no ya solo de desigualdad, que siempre lo ha sido en España, sino de pobreza”. “Porque está habiendo una redistribución de los beneficios del crecimiento, pero no puede ser que la cultura del rentismo y que los precios del alquiler se estén comiendo esos avances en las condiciones de vida de las clases trabajadoras”, sentenció.

SEGUIR HACIENDO COSAS

En la misma línea, admitió la urgencia de “seguir haciendo cosas”, si bien hizo hincapié en que la Ley de Vivienda es “una herramienta” que “permite controlar el precio del alquiler en las grandes ciudades”. “Si esta ley no se está aplicando es porque las comunidades autónomas del Partido Popular no quieren hacerlo”, reiteró, para indicar que “son ellas quienes tienen que declarar que una zona está tensionada y, por tanto, solicitar que haya medidas de control de precios del alquiler”.

“Hasta ahora, lo que han dicho y se han vanagloriado de ello, es que no van a hacer nada”, criticó, para emplazar al PP a “aplicar la Ley de Vivienda” porque “es la mejor herramienta que tenemos para poder controlar el precio de los alquileres en nuestro país”.

En este punto, advirtió de que “lo primero es que se aplique la legalidad y “perseguir las situaciones que incurran en violaciones flagrantes de esa legalidad”, como pretende su departamento con la investigación que ha iniciado, si bien también consideró “positiva” la exigencia de contar con una “autorización expresa” por parte de las comunidades de vecinos para poder abrir un piso turístico, como ha propuesto la titular de Vivienda.

“Está bien que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren que en sus edificios haya actividades económicas como la que suponen los pisos turísticos o no”, defendió, para señalar que la medida implica un “cambio” de la Ley de Propiedad Horizontal que, según su punto de vista, “va en la buena dirección”.

Por último, lamentó que “muchos” ayuntamientos “no han hecho nada ante esta situación, ante esta realidad” y “han permitido que proliferen las viviendas ilegales” y valoró la creación de un registro estatal para este tipo de viviendas, dado que facilitará que la información “esté centralizada y que sepamos cuáles son los pisos que disponen de licencia para ello”.

“Esto requiere de una acción decidida y cada actor, cada institución, tiene que hacer su parte para esto y, por eso, desde el Ministerio de Consumo estamos haciendo la nuestra que, dentro de nuestras competencias, es investigar y sancionar, que es nuestro objetivo, la publicidad ilícita, que es una práctica fraudulenta, de este tipo de viviendas”, resolvió.