Así lo reclamó en el transcurso de una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia y en la que recordó que ha ofrecido a todas las ciudades de España que se sumen a la investigación que su gabinete ha abierto sobre publicidad de pisos turísticos ilegales, que, puntualizó, “no tienen licencia y que, sin embargo, se publicitan para ese fin en las plataformas”.

“El razonamiento es muy sencillo: si un piso no dispone de licencia para ser utilizado como piso turístico, no se puede publicitar como tal”, abundó, para explicar que ha abierto esta investigación con el fin de “perseguir y para que cese la publicidad de pisos turísticos ilegales”, teniendo en cuenta, además, que, en algunas ciudades como Madrid, “hasta el 90% de los pisos turísticos no disponen de licencia para ello”.

A este respecto, insistió en que se trata de “una situación descontrolada y que es inaceptable” y agregó que la investigación que ha abierto “busca poner fin” a la misma, al tiempo que abogó por “ir de la mano” de todas las ciudades y “colaborar para poner fin a esta situación”. “Está afectando a la vida de muchísimas de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades, haciendo que los precios del alquiler suban una barbaridad y que la gente tenga que abandonar sus barrios y que los comercios también se vean afectados”, lamentó.

“Es una problemática esencial y es una de las actividades con las que estamos intentando restringir esta actividad que hoy en día está descontrolada”, sentenció, consciente de que, en este ámbito, “hay muchas partes implicadas”. “Por supuesto, están las plataformas, están los propietarios de pisos que no disponen de licencia y las ponen en ese mercado y luego están situaciones que pueden ser ya fraudulentas desde cualquier punto de vista”, apostilló, para juzgar “evidente que hay que poner control y que hay que poner orden” en este sector.

No obstante, consideró que, “al mismo tiempo”, también “hay que entender el impacto que esto está teniendo sobre la situación de la vivienda en España” y calculó que hasta un 10% del parque inmobiliario en algunas ciudades “se destina ya a las viviendas de uso turístico”.

“Eso está haciendo que suban los precios y que las personas jóvenes que no se pueden emancipar, que las familias que no tienen acceso a un alquiler se tengan que ir de las ciudades”, advirtió, para insistir en que la situación “está afectando también al comercio”.

En este punto, se hizo eco de las manifestaciones que han tenido lugar en estas últimas semanas en Canarias o Baleares o las que hay previstas en Málaga de “gente que dice que está muy bien el turismo, que es una actividad económica muy importante para nuestras ciudades y nuestro país, pero no puede ser a costa de, por ejemplo, que se sacrifique o que se dificulte el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en tu ciudad, a vivir en la ciudad en la que trabajas”.

FACTOR DE POBREZA

En este contexto, Bustinduy admitió que en España “hay un problema con el acceso a la vivienda para los jóvenes y para las familias más vulnerables” y que “se está convirtiendo la vivienda en un factor de pobreza”. “Y lo que vemos es que hay distintas lógicas; esta es solo una de ellas, pero hay distintas lógicas que incentivan a sacar un rendimiento mucho más alto a las viviendas poniéndolas, por ejemplo, como viviendas de alquiler turístico que si se alquilan a las familias”.

Tras reconocer que, “por supuesto, se debe contar con toda la seguridad jurídica”, se mostró convencido de que en España “hay mucha seguridad jurídica”, pero también “hay muchos intereses en generar una sensación de alarma en este sentido”.

Con todo, estimó que, “lo que tenemos que hacer es que la vivienda que existe en España hay que ponerla en el mercado del alquiler”. “Hay que favorecer, con todas las garantías, por supuesto, pero hay que favorecer que la gente joven y que las familias trabajadoras puedan acceder a una vivienda, porque es un derecho que recoge la Constitución”, prosiguió.

En la misma línea, defendió que, para eso, “hay que poner coto a las lógicas de especulación”, que, a su entender, “hacen que, por ejemplo, a la vivienda turística se le saque un rendimiento económico muchísimo más alto que va en detrimento de la capacidad que tenemos de tener un parque de alquiler de vivienda suficiente para que la gente pueda vivir en sus ciudades, en los sitios donde trabaja, que tenga derecho al acceso a una vivienda digna”, algo que valoró “de sentido común”.

Por ello, reiteró la importancia de “restringir actividades que hoy en día son ilegales, porque hasta el 90% de los pisos turísticos en una ciudad como Madrid no tienen licencia y hay que equilibrar los derechos de todo el mundo”.

“Lo que no se puede hacer es no hacer nada, que es lo que se ha hecho hasta ahora y tampoco vale, como han hecho algunas ciudades, con decretar una moratoria, porque, ¿una moratoria de qué, de una situación que es ilegal, que no cumple con la normativa?”, se preguntó, para advertir de que “eso no es aceptable tampoco”.

Por esos motivos, el ministro instó a “reconducir esta situación” de tal manera que los pisos que dispongan de una licencia para ese uso “se destinen a ese uso y los que no, que se destinen a lo que se debe destinar la vivienda”, que es, dijo, “a vivir en ella”, así como “priorizar el uso residencial de las viviendas, porque las necesitamos”.

Bustinduy hizo hincapié, asimismo, en que, según el último CIS, la vivienda es “ya la segunda preocupación de la ciudadanía española” y, en este contexto, reconoció que “hay que hacer muchas cosas”. “Hay que construir vivienda pública y tiene que haber vivienda en alquiler social, pero hay cosas que se pueden hacer desde ya, por eso hemos abierto esta investigación, para actuar inmediatamente y para restringir esta situación que no es aceptable”, continuó, al tiempo que apostó por que esta actividad “tribute con el IVA como cualquier actividad comercial”.

“Eso ahora no está pasando y, si no se le pone IVA a esta actividad, el IVA de cualquier actividad comercial, se está incentivando que se destine a ese uso”, denunció.

Por estas razones, mientras se construye “más vivienda pública y en alquiler social”, reivindicó la urgencia de “incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda de la que disponemos al uso principal, que tiene que ser a que la gente viva en ella”.