Así lo aseguró en el transcurso de una entrevista concedida a TVE tras la manifestación de este domingo en varias ciudades de España para exigir el acceso a una vivienda digna, recogida por Servimedia y en la que subrayó que, a su entender, “lo que hay que hacer es evidente”, en referencia a la necesidad de “intervenir” un mercado que juzgó “absolutamente disfuncional” que “está funcionando como una aspiradora de riqueza”.

“El Gobierno ha subido el SMI, las pensiones; ha mejorado, gracias al IMV, los ingresos de las familias más vulnerables en España y toda esa mejora relativa se la está comiendo el mercado de la vivienda”, abundó, convencido de que “hay que intervenirlo” y de que “lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres”.

En este sentido, Bustinduy insistió en que “hay que aplicar la Ley de Vivienda y los gobiernos autonómicos tienen que aplicarla”, dado que permite declarar zonas tensionadas y, “por tanto, limitar los precios de los alquileres”. “Solo Cataluña lo ha hecho y han bajado los alquileres un 5%; lo tienen que hacer las comunidades autónomas”, puntualizó.

Junto a ello, “en segundo lugar”, abogó por “acabar con la especulación y prohibir la compra especulativa de vivienda en las zonas tensionadas”. “No se puede tolerar que haya operaciones que no vayan destinadas al uso habitual, a residir en esas viviendas, o a ponerlas en alquiler asequible”, agregó, al tiempo que llamó a “acabar con la proliferación insoportable” de los pisos turísticos, “gran parte” de los cuales, dijo, “además, son ilegales, no disponen de licencia para ello”.

LACRA DE PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

A este respecto, recordó que su gabinete emprendió actuaciones para que, “quienes están incurriendo en estas actitudes ilícitas, asuman esa responsabilidad y acabemos con la lacra de los pisos turísticos ilegales”. “Todo esto hay que hacerlo ya, es una cuestión de voluntad política”, apostilló, para señalar que, aunque el Ministerio de Vivienda no está en manos de Sumar, la formación sí ha “puesto sobre la mesa” estas medidas que, según su punto de vista, “deberían aplicarse ya” y “tendrían un efecto inmediato en las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras”, que, según sus cálculos, “hoy en día están destinando más del 40 y del 50% de sus ingresos al pago de su vivienda habitual”.

Preguntado por si desde Sumar están “satisfechos” en torno a la gestión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advirtió de que “no es una cuestión de la gestión de un ministerio”, sino “de la realidad del país”.

“Y lo que dijo ayer la gente en la calle, y tienen toda la razón, es que esta situación es inaceptable, es que la vivienda se ha convertido en un sumidero para la riqueza nacional, es que la vivienda debería ser el primero de los derechos”, manifestó, para, a continuación, precisar que el mercado de la vivienda en España “está controlado por intereses especuladores, fondos buitre, grandes tenedores”.

En este contexto, indicó que el año pasado, más de la mitad de las operaciones de compraventa de vivienda se hicieron sin hipoteca, lo que, según su criterio, “quiere decir que son inversiones financieras”.

“En los últimos 20 años, la mitad de las operaciones de compra de vivienda las han hecho empresas con más de ocho pisos en su haber”, añadió, al tiempo que explicó que “no estamos hablando de una familia que tiene un piso que lo alquila”, sino de que el mercado de la vivienda “se ha convertido en un agujero de especulación y de rentismo en España”, lo cual está “afectando” a las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.

“Hay que intervenir decididamente ese mercado y es una cuestión de voluntad política”, reiteró, para hacer hincapié en las medidas sugeridas por Sumar en este ámbito, que pasan por “bajar los precios de los alquileres”, algo que, incidió, “tienen que hacer los gobiernos autonómicos”, además de por “prohibir la especulación con la compra de vivienda en zonas tensionadas” y “acabar con los pisos turísticos”, que, según el ministro, además, “están vaciando las ciudades y haciendo que las familias trabajadoras no puedan tener acceso a una vivienda en el lugar donde viven y trabajan”.