Así lo advirtió en el transcurso de una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia y en la que denunció que España “es uno de los países con los índices de pobreza infantil más altos de Europa”, hasta el punto de que “uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de exclusión social o de pobreza”.

“Siendo la cuarta economía de la zona euro, esto es algo inaceptable”, sentenció, para agregar que, ante esta situación, “algo hay que hacer”, consciente, sin embargo, de que su iniciativa “pueda suscitar debate”.

No obstante, aseveró que, “a veces, conviene mirar el contexto”, para recordar que en Europa ya hay 17 países “que tienen una medida como esta” hasta los 18 años y lo que “tienen en común” son unos índices de pobreza infantil “muy inferiores a los que tiene España” porque una ayuda universal “llega inmediatamente a todas partes”.

“No depende de que una familia tenga que hacer toda una serie de burocracia y de papeles para demostrar que es pobre, que le va mal, que no llega a fin de mes”, abundó, para añadir que, con ello, la administración tampoco tiene que “dedicar recursos a estar fiscalizando permanentemente la pobreza”.

LAS FAMILIAS QUE MÁS LO NECESITAN ESTÁN "DESCONECTADAS"

En la misma línea, lamentó que, en el ámbito de la política social, se da la “paradoja” de que “hay una gran dificultad para llegar precisamente a las familias que más lo necesitan”, porque “están desconectadas de los servicios sociales y porque la burocracia es farragosa”.

Por el contrario, reivindicó que, con la prestación universal por crianza, “lo que se genera es un derecho universal”. “Es decir, la sociedad reconoce que garantizar unas condiciones mínimas de bienestar a todos los niños y niñas es un derecho de ciudadanía”, prosiguió, para admitir que, “evidentemente, los nietos del CEO de una multinacional no necesitan esta ayuda, pero la van a recibir igual porque es un derecho”.

En este punto, el titular de Derechos Sociales incidió en que “la diferencia” es que las familias que no lo necesitan “tienen que tributar de manera justa conforme a su renta, patrimonio y riqueza” y, de esta manera, “financiar no solo su derecho y el de sus hijos e hijas, sino el de las familias que lo necesitan más”.

“Se trata de que haya justicia fiscal, es decir, que entre todos como sociedad pongamos los recursos necesarios para garantizar que no haya niños y niñas en España que no puedan comer carne o pescado todas las semanas, que no se puedan comprar un segundo par de zapatos, que no puedan hacer actividades extraescolares, porque de eso hablamos cuando hablamos de pobreza infantil”, apostilló, convencido de que esta medida “ha demostrado su eficacia”.

REDUCIR LA POBREZA INFANTIL A LA MITAD

A este respecto, explicó que, según cálculos de la catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó, una prestación de 200 euros “podría reducir la pobreza infantil de manera inmediata a la mitad en España, porque es una ayuda que llega inmediatamente a todo el mundo, a todas partes, sin necesidad de hacer papeles”.

“Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer que la gente que no lo necesita tanto contribuya a financiarlo y eso tiene que ser vía impuestos”, manifestó, para insistir en que España “todavía” tiene “cuatro puntos de diferencia en recaudación de impuestos, de ingresos públicos sobre el PIB, respecto a la media europea”.

En este sentido, abogó por articular un modelo “más progresivo” para que, “quienes más tienen, a quienes les va mejor en un momento dado”, puedan contribuir a “generar un sistema que es universal, que es de ciudadanía, que no depende de que te vaya mal o de que tengas que demostrar que eres pobre, como pasa con la educación, la sanidad y las pensiones”.

Tras juzgar “evidente” que las administraciones públicas “tienen que modernizarse y mejorar su capacidad y su eficacia”, algo que el Gobierno, a su entender, “está haciendo”, el ministro apuntó a otro “problema” en este ámbito, como es el hecho de que “muchas veces la gente no sabe que tiene derecho a una prestación porque no tiene acceso a esa información o porque la exclusión social influye”.

ESTIGMA

En paralelo, hizo hincapié en que, por una cuestión de “estigma”, también “hay mucha gente que, si tiene que demostrar que es pobre para recibir una ayuda, prefiere no pedirla”. “Porque se asocia a un estigma, porque nadie quiere reconocer que le va mal en la vida, porque confía en que le vaya a ir mejor”, continuó, para indicar que “esa es la diferencia entre una ayuda, entre el asistencialismo, o generar un derecho” para que los niños en España puedan “tener unas condiciones mínimas”.

“Porque 200 euros todo el mundo sabe que no te sirve para cubrir las necesidades de la crianza”, reconoció, al tiempo que estimó que el coste de criar a un niño en España supera los 600 euros al mes.

Bustinduy señaló que el “objetivo” de esta propuesta, que Sumar incluirá en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, “debe ser llegar a los 18 años” y reiteró que, con esta medida, sería posible “reducir la pobreza infantil a la mitad y, de la otra mitad, reducir la intensidad a un 40%”.

“Una medida que hace eso, yo creo que es una medida que merece la pena ser debatida seriamente, porque no podemos tolerar que un tercio de nuestros niños y niñas vivan en una situación de exclusión social o de pobreza en España”, concluyó.