Así lo aseveró el ministro durante su participación en la inauguración del acto 'Hacia una prestación universal por crianza en España', en la que reivindicó dicho evento por la necesidad de “abordar de manera sistemática, estructural, en profundidad” esta propuesta de Sumar de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, que, a su juicio, exige un “debate en profundidad”.

“No podemos permitir que la precariedad y el agotamiento hagan del cuidado un suplicio, tener hijos e hijas o hacerse cargo de personas mayores no puede ser una carrera de obstáculos”, advirtió, consciente de que, en la actualidad, “para demasiadas personas en nuestro país conciliar la vida laboral y la familiar resulta casi imposible”.

Para el ministro, “eso se traduce, lo sabemos, en una sobrecarga estructural para las mujeres y en un lastre para su desarrollo profesional”, razón por la cual su gabinete “insiste tanto en la importancia de una prestación universal”.

“Porque España arrastra un déficit de un punto porcentual del PIB con respecto a la media europea en inversión pública en familias, porque la mayoría de los países de nuestro entorno ya considera, y lo reflejan sus políticas públicas, que todos los niños y niñas merecen unas condiciones mínimas de bienestar en su crianza”, agregó, para justificar de este modo que dichos países “ofrecen prestaciones a todas las familias de manera universal, independientemente de su nivel de ingresos”.

SUSCITA PASIONES E INCOMPRENSIONES

Tras reconocer que es una “cuestión que, evidentemente, suscita pasiones y no pocas incomprensiones que va frente a un cierto sentido común establecido en nuestro país”, reivindicó esta prestación de carácter universal porque es “justa” y aseguró que, tras los avances de la legislatura anterior, la “tarea de esta debe ser ir más allá, abordar por fin las desigualdades estructurales que lastran y dividen este país”.

Y, a su entender, “en esa tarea, las prestaciones universales son una herramienta esencial, son una herramienta que nos demuestra que el bienestar debe ser concebido como un derecho y, por tanto, que para gozar de esa protección social para la infancia no debería ser necesario demostrar que se es pobre”.

“Prestaciones como las que debatimos hoy no deberían ser el resultado, el fruto o la cristalización de un impulso asistencialista, deberían ser concebidas desde el principio como derechos de ciudadanía”, prosiguió, para afirmar que, frente a quienes dudan de la justicia de esta medida, lo que resulta “injusto” es un sistema en el que las familias con más renta ya se benefician de apoyos a la crianza mediante beneficios y deducciones fiscales, mientras que quienes no acceden a ellos son quienes no presentan la declaración de la renta, que son “quienes más la necesitan”.

Por este motivo, consideró que “de lo que hablamos es de una herramienta mucho más igualitaria que los instrumentos de los que disponemos ahora” y que ayudaría a reducir la pobreza dado que solo puede financiarse “mediante una fiscalidad más justa y más progresiva”.

AVANZAR EN JUSTICIA FISCAL

En este contexto, Bustinduy estimó que una medida de este tipo “es una oportunidad para exigir, demandar y avanzar también en materia de justicia fiscal” y reiteró que esta prestación debe ser universal porque “forma parte del empeño para construir una sociedad de cuidados que se articule desde el principio colectivo de la sostenibilidad de la vida y una sociedad que garantice tiempo y medio suficientes para cuidar y para ser cuidados”.

Por último, reivindicó la que definió como una “buena medida” porque, según su punto de vista, “en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, marcado por la imprevisibilidad y la incertidumbre”, el “futuro” del Estado del Bienestar “tiene que pasar por la construcción de redes de protección social mínimas que sean universales y que se financien de manera justa mediante impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las rentas, al patrimonio y a los grandes capitales”.

“Frente a quienes buscan enfrentarnos, frente a quienes señalan enemigos imaginarios y despliegan conspiraciones para explicar los males de nuestra época, la tarea que tenemos por delante es construir horizontes colectivos con más bienestar, más justicia social y una alianza de suertes compartidas”, sentenció.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en el acto, el titular de Derechos Sociales hizo hincapié en que en España el coste de criar un niño o niña es de unos 600 euros demedia al mes y de 700 en grandes ciudades.

ARITMÉTICA IMPOSIBLE PARA LAS FAMILIAS

“Si consideramos el precio actual de la vivienda y consideramos que el salario medio en España está en unos 1.600 euros al mes, nos hacemos una idea de la aritmética imposible que enfrentan muchas familias en España”, añadió, para reiterar que el país “es la cuarta economía de la zona euro y no podemos tolerar que un tercio de nuestros niños y niñas vivan en situación de exclusión social o de pobreza”, algo que juzgó “inaceptable” y frente a lo que urgió a “actuar ya”.

Bustinduy expresó su convencimiento en que esta medida “es la mejor manera de atajar el problema de la pobreza infantil” e hizo suyos los cálculos de la experta Olga Cantó, que también participó en el acto, y según la cual una prestación de 200 euros al mes “reduciría la pobreza infantil en un 50% de manera inmediata y, del resto, el otro 50% reduciría la intensidad de la pobreza en un 40%”.

“La prestación universal por crianza es la manera de hacer que muchas familias puedan llegar a fin de mes en España”, aseguró Bustinduy, para explicar que esta “no es una idea radical”, ya que hay 17 países en Europa que cuentan con una prestación de este tipo y, a su entender, “todos tienen una cosa en común, índices de pobreza infantil muy inferiores a los de nuestro país”.

En este sentido, para el responsable de Derechos Sociales, “la clave aquí es que no se trata de una ayuda, no se trata de una ayuda social que se concede después de demostrar que una familia es pobre o que no puede llegar a final de mes”. “Se trata de generar un derecho universal que garantice unas condiciones mínimas de bienestar a todos los niños y niñas de nuestro país y que se financie de forma justa con impuestos progresivos a la riqueza, a la renta y al patrimonio de quienes más tienen”, resolvió.

Por último, incidió en que esta medida “atajaría” el que juzgó “probablemente el principal problema social en nuestro país, el de la pobreza infantil”, al tiempo que “nos permitiría, además, abordar la desigualdad económica creciente en España”.

“Es una medida que generaría un nuevo derecho de ciudadanía y, por tanto, creo que debe estar muy alta en la lista de prioridades de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado”, sentenció.