Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en la inauguración del ‘Congreso EDI - Derechos Humanos en el centro: avanzando hacia la desinstitucionalización’ después de que su departamento haya anunciado el inicio de una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.

“Es una investigación que se añade a otras líneas en curso desde hace meses por la publicidad de los pisos turísticos sin licencia y también por el cobro de comisiones irregulares por parte de las grandes inmobiliarias”, agregó, al tiempo que juzgó “evidente” que la “perversión” de “algunos” modelos de negocio de los alojamientos turísticos “está cercenando el derecho a la vivienda en España”.

En esta línea, insistió en que “no puede ser que haya unos pocos que se enriquezcan mientras las familias en España viven al límite en relación con la vivienda”. “Como no puede ser tampoco que haya instituciones en este país que reconozcan abiertamente que el 90% de los pisos turísticos en su territorio operan ilegalmente y no hagan nada al respecto”, dijo, en referencia a Madrid.

En este contexto, Bustinduy avanzó que, “con todo el rigor, dentro del ámbito de sus competencias”, su gabinete “va a actuar en materia de vivienda también para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley”.

Preguntado por las compañías involucradas en este nueva investigación, Bustinduy puntualizó que los “detalles” de la misma “están en manos de los equipos técnicos, los conocen solo ellos”, si bien quiso destacar que se trata de una investigación sobre “prácticas en las que no se traslada la información que, según la normativa, hay que trasladar a las personas consumidoras”.

RIGOR Y SIGILO

“Y por tanto, con todo el rigor, con todo el sigilo también, esta investigación seguirá adelante para esclarecer estas posibles prácticas engañosas”, prosiguió, al tiempo que indicó que el régimen sancionador que lleva aparejada la Ley de Defensa de los Consumidores prevé una serie de sanciones que “van en función de la gravedad de la falta o de la conducta que haya sido probada”, que “pueden llegar a ser muy cuantiosas en el caso de infracciones muy graves porque, en ese caso, las multas van en relación a los beneficios ilícitos que se hayan obtenido”.

Sobre si se trata de una “práctica habitual”, subrayó que existen “múltiples denuncias” por parte de organizaciones de consumidores, de usuarios, de los medios de comunicación, también de instituciones “sobre el hecho de que hay modelos de negocio asociados a la vivienda turística que realizan pingües beneficios partiendo de una perversión de modelos económicos”.

Junto a ello, consideró que también hay “bastantes pruebas de que esas conductas están cercenando el derecho a la vivienda en España”. “Es uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que está haciendo que la vivienda se haya convertido ya en un riesgo de exclusión social y de pobreza para las mayorías trabajadoras en España”, apostilló, consciente de que “esto no puede ser y hay que hacer muchas cosas más”.

En este punto, reiteró su apuesta por “intervenir políticamente el mercado de la vivienda, prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas y aplicar la Ley de Vivienda”, algo que, criticó, “las comunidades del Partido Popular se niegan a hacer y que permite topar los precios de los alquileres”.

PONER COTO

“Pero también hay que poner coto a un modelo de negocio, el de los pisos turísticos, que está vaciando nuestras ciudades y que, además, en muchas ocasiones, como se está denunciando abiertamente, se apartan del cumplimiento de la legalidad vigente”, lamentó, para señalar que la investigación abierta se hará “con todo el rigor, con toda la minuciosidad y respetando escrupulosamente todas las garantías del Estado de Derecho”.

Cuestionado por la actuación del Ministerio de Vivienda en este ámbito, Bustinduy recalcó que su titular, Isabel Rodríguez, “ha anunciado que, en breve, podrá presentar sus actuaciones en relación a los pisos turísticos”, algo que tildó como “una buena noticia”.

“Desde las competencias de Consumo, este ministerio lo que hace es actuar para preservar la normativa de defensa de los consumidores y los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, explicitó, convencido de que se trata de “líneas perfectamente compatibles” y de que ambos gabinetes “reman en la misma dirección”, al entender que “el descontrol que se ha producido en este ámbito es algo que no es asumible, no es aceptable”.

A este respecto, matizó que, “en ningún sector, en ninguna actividad económica, asumiríamos, como sucede en algunas ciudades en España, que el 90% de la actividad se realice al margen de la legalidad vigente”. “Eso no puede ser y, por tanto, el Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, va a actuar para asegurarse que las empresas respetan la ley y que ninguna, por grande o poderosa que sea, se puede situar por encima”, resolvió.

Por último, hizo hincapié en que la investigación que anunció este jueves “se añade a las líneas de investigación en curso sobre la publicidad de pisos turísticos sin licencia y también sobre el cobro de comisiones irregulares por parte de inmobiliarias”.